Gran angular / Impera la incertidumbre en el INE y el Tribunal Electoral / Raúl Rodríguez
El hecho es que, en este momento, cuando faltan seis meses para que se lleven a cabo las elecciones con que se renovará un número sin precedente de cargos públicos, incluidos los de presidente y congresistas federales, las instituciones encargadas de organizarlas y sancionarlas no ofrecen certidumbre.
El INE, presidido por Guadalupe Taddei desde el 3 de abril pasado, lleva nueve meses sin secretario ejecutivo, su principal funcionario operativo.
Esa importante tarea la ha cubierto un encargado de despacho al igual que las correspondientes a cuatro direcciones ejecutivas, tres unidades técnicas, la dirección jurídica y la coordinación de comunicación social, que operan con encargados, pero sin la legitimidad que les daría el Consejo General con el aval de por lo menos ocho de sus once integrantes.
En el caso de la secretaría ejecutiva, Taddei no ha podido gestionar esos ocho votos de sus pares los consejeros, desde que el 12 de mayo pasado fue bateada su propuesta de Flavio Cienfuegos para ocupar el cargo.
El más reciente episodio de esta crisis política se registró en la sesión de Consejo General que inició la mañana del viernes pasado y reventó al filo de la media noche, tras un ríspido debate sobre el procedimiento a seguir para alcanzar de una vez por todas los consensos que permitan concretar los nombramientos faltantes.
De un lado se planteó facultar a la consejera presidenta para que hiciera directamente los nombramientos faltantes y del otro forzarla a que en un plazo no mayor de treinta días propusiera al Consejo, para su aval o rechazo, los nombres de las o los designados.
La primera propuesta fue finalmente retirada por quien la hizo y la segunda llevada a votación, aunque con el rechazo de Taddei quien veía en ella el rompimiento del orden constitucional.
Aun así, seis consejeros votaron a favor: Claudia Zavala, Dania Ravel, Clara Humphrey, Martín Faz, Jaime Rivera y Arturo Castrillo. Cinco lo hicieron en contra: Guadalupe Taddei, Norma Irene de la Cruz, Rita Bell, Jorge Montaño y Uuc-kib Espadas. Esto dio pie a la intervención de los representantes de los partidos políticos que acabaron por levantarse de la mesa junto con tres consejeros, rompieron el quórum legal de la sesión y dejaron las cosas como estaban. El sentido de estos votos define a los dos grupos de consejeros en el que está dividido el INE.
En el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), mientras tanto, los magistrados de su Sala Superior elegían en sesión privada y votación dividida a Mónica Soto, quien será su presidenta a partir del próximo 3 de enero. Su voto y el de los magistrados Felipe de la Mata y Felipe Fuentes Barrera avalaron la designación, es decir, el grupo que exigió la renuncia por pérdida de confianza de Reyes Rodríguez Mondragón en días pasados, quien había renunciado en la víspera y que votó en contra de la designación de Soto junto con la magistrada Janine Otálora.
Y no se pierdan de vista estos otros dos elementos: que el tribunal electoral sigue sin contar con los siete integrantes de su Sala Superior (hay dos asientos vacantes) y que en el primer día hábil de enero próximo Lenia Batres jurará como la primera ministra de la Corte designada directamente por el Ejecutivo (con inequívoca afinidad ideológica), tras el rechazo del Senado a las dos ternas que propuso para el cargo.
Estos hechos, clara evidencia de una profunda división política, dan paso también a una guerra de narrativas: la de la oposición aliancista que acusa al gobierno de “colonizar” los organismos electorales para amarrar su continuidad a cualquier costo, y la de la 4T que dice actuar para impedir que el “grupo conservador” los mantenga bajo su control para revertir el holgado triunfo que está segura de alcanzar de acuerdo con las encuestas.