Pascal Beltrán del Río - ¿Blindar las elecciones?

Quienes me conocen saben que me fastidia el abuso del verbo blindar que existe en los medios mexicanos. Y eso es porque se ha vuelto un lugar común y un atajo al que recurren reporteros, articulistas y editores para ahorrarse la dificultad de pensar qué es lo que realmente quieren decir o preguntar.

Ignoro si fueron los políticos quienes primero recurrieron al uso excesivo del verbo y de ahí brincó la costumbre a los medios de comunicación o fue al revés. El caso es que hoy cualquier cosa se puede blindar, cuando menos en teoría: las pensiones, los programas sociales, las partidas presupuestales, las cuentas sindicales…

Lo que se quiere decir cuando se emplea el verbo blindar —para otra cosa que no signifique ponerle una coraza de acero a algo para que no sea penetrado— es aislar el objeto en cuestión a fin de que no sufra de contaminación política, criminal, patrimonialista o de otro tipo.

Sin embargo, bien sabemos que ese tipo de protecciones que garantizan la pureza de algo rara vez existen en el mundo real. Sobre todo en la política mexicana.

Por eso cuando escucho, por enésima vez, que los partidos hablan de “blindar las elecciones” no sé si bostezar o reírme.

Voy al grano: ¿A qué se refieren los partidos —hoy es el PAN el que porta la bandera— cuando habla de “blindar las elecciones”?

Hace unos años, hubiera significado evitar los fraudes electorales. Por eso se colocaron tantos “candados” —otra metáfora— en la legislación electoral: para evitar que gobernantes y grupos de poder legales afectaran la voluntad ciudadana buscando que ganara su candidato favorito o perdiera alguno que temieran.

Llegamos al colmo de ver moros con tranchete. Como los “candados” no eran suficientes, había que ponerle doble y hasta triple “candado”. Y así tenemos una legislación electoral prohibitiva que poco o nada hace para infundir confianza en los resultados de las votaciones.

Sin embargo, de un tiempo para acá, el tema que más preocupación causa a la hora de hablar de comicios es la posibilidad de que grupos de poder ilegales —el crimen organizado— consigan, mediante el financiamiento o la coerción, que ganen las votaciones candidatos con los que hubieran establecido acuerdos para dejarlos operar en la impunidad.

Este temor se ha materializado al hacerse público cómo diversos alcaldes y hasta gobernadores han pactado con los cárteles de la droga para que éstos controlen los cuerpos de seguridad pública y las instituciones de procuración de justicia, e incluso obtengan dividendos de la obra pública que se realice en el municipio o el estado.

Por esa causa han sido detenidos o exhibidos diversos funcionarios públicos. Recientemente, varios alcaldes y hasta un exgobernador interino de Michoacán.

El último caso conocido es el del presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca. Y éste ha llevado al PAN a proponer nuevamente que los partidos se hagan “cargo de los candidatos que postulemos”.

La convocatoria panista se da en el contexto del arranque del proceso electoral de 2015, cuando, por primera vez en la historia reciente, 17 estados tendrán elecciones concurrentes con las federales de medio término. En junio próximo, se elegirán, además de 500 nuevos diputados federales, nueve gobernadores y más de mil posiciones locales.

La idea, expresada por el jefe nacional panista Ricardo Anaya, fue abrazada por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

Este lunes, Osorio llamó a los partidos a investigar a fondo y hacerse responsables por cada candidato que llegue a ocupar algún cargo público. “Blindemos a nuestro país de los que quieren utilizarlo en la división que existía en el poder entre órdenes de gobierno para lograr sus objetivos, y me refiero particularmente a los delincuentes”, dijo.

Yo me pregunto si esa propuesta tiene alguna viabilidad. La verdad, no lo creo.

¿Qué significa “hacerse cargo”? Cuando escucho a altos dirigentes del PRD, como Carlos Navarrete y Luis Miguel Barbosa, hablar sobre su correligionario Ángel Aguirre, el gobernador de Guerrero, los escucho liberando al partido de cualquier responsabilidad por haberlo postulado e incluso exonerando al mismo mandatario estatal.

Y algo así podría decir del PRI en relación con los michoacanos Fausto Vallejo y Jesús Reyna García.

¿De qué se hacen cargo? A la mera hora, son puros pretextos los que nos endilgan.

Dicho eso, no se debe pedir a los partidos que garanticen la pureza de sus aspirantes a puestos de elección popular. ¿Pueden ellos asegurar que un candidato no se corromperá, aunque nunca lo haya hecho?

Pero aunque adoptaran ese compromiso ante la sociedad, ¿sirve de algo? Los partidos que postulan a los candidatos serían juez y parte. Y, además, ¿en qué legislación se basarían para vetar la candidatura de alguien que no ha sido sentenciado por delito alguno aunque todos puedan suponer que es una rata bien hecha?

¿Hay solución, entonces? ¿Hay modo de impedir que un candidato, y después gobernante o representante, pacte con los delincuentes?

Claro que sí, pero significa aplicar la ley. Existen los instrumentos legales para investigar y, en su caso, castigar a los políticos corruptos. En la medida en que se abata la impunidad, irán desapareciendo los casos de políticos parte de la delincuencia.

No se pida a los partidos hacer lo que corresponde al Ministerio Público.

No le demos vueltas: la democracia no se hizo para que triunfe la moral sino la voluntad.