Pascal Beltrán del Río - Guerrero: el horror y sus causas
Lo que sucede en Guerrero era evitable, y tiene que ver esencialmente con dos cosas: 1) la falta de aplicación de la ley, que genera fenómenos como la impunidad y la corrupción, y 2) las malas decisiones económicas, responsables de la ausencia de crecimiento y oportunidades de desarrollo.
Hasta hace unos años, la delincuencia no se había cruzado con la pobreza en forma relevante. El sur y sureste del país, menos desarrollados que el occidente y el norte, eran, por lo general, más pobres, pero más seguros. Justo al revés de aquellos.
Esa realidad cambió hace alrededor de una década. Michoacán y Guerrero, dos de las entidades menos desarrolladas de la República, empezaron a experimentar la arremetida de la delincuencia, que encontró la bonanza en la diversificación de su negocio ilícito: ya no sólo vendía drogas, sino extorsionaba y hasta controlaba la piratería.
Guerrero —y, Michoacán, de algún modo— han sido entidades donde la violencia ha estado latente cuando de plano no ha estallado.
Durante los años en que reporteé intensivamente en ambos estados, recorrí todo el eje de la Tierra Caliente, desde Tepalcatepec hasta Iguala, pasando por Huetamo y Teloloapan. Y no era raro ver armas de alto poder en manos de civiles.
La historia política de Guerrero se ha asociado a la violencia desde hace mucho tiempo.
El gobernador Luis Caballero Aburto (1957-1961) usó la coerción ilegal, no la ley, para acabar con la delincuencia. En diciembre de 1960, el mandatario mandó reprimir a estudiantes en la plaza de Chilpancingo y, a raíz de ello, el Senado desapareció los Poderes del Estado.
El siguiente gobernador constitucional, Raymundo Abarca Alarcón, ordenó acabar con una protesta de maestros en Atoyac, en mayo de 1967, lo cual fue el principio de la guerrilla de Lucio Cabañas, quien —hasta su muerte, en 1974— se movió en una amplia zona de la Costa Grande.
La masacre de Aguas Blancas, en junio 1995, contra miembros de la Organización Campesina de la Sierra del Sur, que iban a un mitin en Atoyac, tiró al gobernador Rubén Figueroa Alcocer y puso en su lugar a Ángel Aguirre Rivero, quien hoy, en su segundo periodo como gobernador, se tambalea ante otro acto de represión.
La alternancia política en Michoacán (2001) y Guerrero (2005) significó la pérdida de control por parte del PRI, pero no un mayor esfuerzo en la aplicación de la ley ni mayor tino en las decisiones económicas que afectan a esos estados.
En el caso de Guerrero, lo escribí, el estado está en peor forma que en 2005, cuando se dio la alternancia, tanto en materia económica como en Estado de Derecho. No es siquiera discutible. Todos los datos disponibles así lo indican.
Los gobernadores Zeferino Torreblanca y, su sucesor, Ángel Aguirre Rivero, no alteraron en modo alguno las relaciones que el gobierno estatal mantenía con influyentes organizaciones sociales, como los profesores de la Ceteg y los normalistas de la escuela de Ayotzinapa.
Desde hace años, éstos han actuado a sus anchas en el estado. Su modus operandi ha sido tomar carreteras, secuestrar camiones, robar mercancías… para exprimir recursos del estado. A fin de que tranquilicen un tiempo, los gobernadores de Guerrero han cedido a las demandas.
Actos de violencia, como los del lunes en la capital estatal, jamás han sido castigados.
El 26 de septiembre tocó a los normalistas ser víctimas de un acto de represión, pero no por parte del gobierno estatal sino de un gobierno municipal (o dos) asociado con la delincuencia.
El asesinato de seis personas en Iguala y el posterior secuestro de 43 normalistas son crímenes atroces, ante los cuales hay que exigir esclarecimiento y castigo, pero tienen su origen en la falta de aplicación de la ley en Guerrero, cosa que ocurre, por cierto, en muchas partes del país.
Y las tensiones sociales que vive ese estado, entre otras cosas por la falta de oportunidades —apenas 10% de la PEA en Guerrero tiene un empleo—, son causa directa de las malas decisiones económicas que se han tomado por años.
Se ha creído que Guerrero puede vivir del turismo y de una agricultura que —a diferencia de la de Michoacán, que tiene cultivos altamente rentables, como el aguacate y el limón— es de bajo valor agregado. Y se ha apostado por que el gobierno estatal provea muchos de los pocos empleos que existen.
Esas son las causas de lo que estamos viviendo en Guerrero. Sus problemas son los efectos de malas prácticas. Y eran evitables.
Los económicos no se arreglarán con más de lo mismo. Y los de seguridad no se resolverán violando repetidamente la ley.