Carlos Elizondo Mayer-Serra - Un nuevo pacto por México
Las élites, cuando pueden, suelen ser abusivas. Para eso tienen poder. Una invasión externa es una forma de imponerle límites. Otra es una guerra civil o una revolución. Ambas llevan al control de una nueva élite. Un Estado de derecho parejo para todos es poco común y difícil de lograr. La ruta menos violenta y más estable para alcanzarlo es una crisis que amenace a una gran parte de la élite como para obligarla a pactar límites de forma tal que ningún grupo tenga ventaja. Los horribles crímenes sucedidos en Iguala debieran de llevar hacia un nuevo pacto entre ellas.
Todos los partidos políticos se han beneficiado del apoyo de grupos delincuenciales o de personajes de dudosa reputación. Son buenos aliados para ganar elecciones. El PRD no requería de mucha ciencia como para saber quién era José Luis Abarca, su candidato a la presidencia municipal de Iguala. Ya en el poder sus abusos eran conocidos. Hubo incluso una referencia al respecto en el programa de televisión de Denise Maerker. Varios líderes sociales habían sido asesinados, aparentemente por instrucciones de Abarca. René Bejarano lo había denunciado ante la PGR, pero se cerró el expediente bajo el argumento de que no presentaba pruebas, siendo que ese es el papel de la autoridad. Supongo que en medio de la negociación del Pacto no había para qué enojar al PRD. Los 28 cadáveres recién encontrados en seis fosas no eran de los normalistas desaparecidos. Toda una industria de la muerte.
Todos los partidos tienen lo suyo. El PRI tiene a Fausto Vallejo, su gobernador en Michoacán, cuyo gobierno tenía todo tipo de vínculos. El PAN tiene a Fernando Larrazabal, expresidente municipal de Monterrey, cuyo hermano fue videograbado en el Casino Royal cobrando cientos de miles de pesos en efectivo. Morena tiene al actual secretario de Salud del gobierno de Guerrero, Lázaro Mazón, supuestamente el preferido de Andrés Manuel para la gubernatura, quien fuera el padrino político de José Luis Abarca.
Todos lo han hecho porque estos personajes sirven para ganar elecciones. Hasta ahora no habían sufrido consecuencias graves por relacionarse con ellos. Pero hay un nivel de tolerancia a partir del cual el escándalo no se puede acallar. Esto debería suceder en el caso de Iguala.
El PRD y la PGR alegan que no había evidencia oficial de que Abarca fuera un delincuente. Quizá no la había, porque hay un enorme miedo de denunciar y, si alguien lo hace, es probable que ni se registre.
Debe ser tarea de los partidos políticos hacer una investigación rigurosa de todos sus candidatos y no aceptar individuos sobre quienes haya sospechas. No se trata de hacer sólo una investigación formal de los candidatos. Se requiere una unidad de inteligencia fuerte en todos los partidos, con clara autonomía del presidente del partido y de los grupos de poder, que trate a todos los precandidatos por igual. Este es el pacto por México que ahora deberíamos tener.
El viejo Pacto por México prometió abordar algunos de estos temas. Unos se aprobaron. Hoy el INE tiene instrumentos para supervisar los gastos electorales y poder anular una elección donde se eroguen recursos de más. Si logra ser una autoridad creíble, quizás disuada a los partidos de tener candidatos con recursos por sus vínculos delincuenciales.
Otra parte del Pacto, sin embargo, se quedó a medias. En pleno proceso electoral no se han nombrado los titulares de la nueva Fiscalía Especializada en Materia de Delitos relacionados con Hechos de Corrupción así como el de la nueva Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Electorales. Ahora el PRD anda promoviendo la idea de una nueva “Fiscalía Especializada para la Investigación de Datos Personales de Candidatos a Cargos de Elección Popular y Funcionarios del Servicio Público Federal, Estatal y Municipal”. Esa función debería de hacerla la Fiscalía para Delitos Electorales, aprovechando que aún no aprueban la ley secundaria en estas materias.
Para enfrentar la delincuencia y el abuso de la élite política se requiere también de la participación social. Un tema central es fortalecer a los medios de comunicación, sobre todo los locales, los cuales suelen estar en la nómina del gobernador o amenazados por los delincuentes.
De acuerdo con el índice de Freedom House, México hoy es un país donde no hay libertad de prensa (http://goo.gl/A0oUZls). En América Latina sólo están peor que nosotros Ecuador, Honduras, Venezuela y Cuba, en ese orden. Estamos igual que Zambia y peor que Argelia. La principal razón es el alto número de asesinatos de periodistas en los estados.
Sin información, las tragedias y la impunidad se van acumulando hasta que no se pueden ocultar. Una salida, complicada y con riesgos, pues la delincuencia es de temer en más de una entidad, sería que los grupos empresariales deseosos de salir de este horrendo mundo estén dispuestos a financiar una prensa, sobre todo local, inmune a la presión del gobernador, delincuentes y de la de los propios dueños. Que asuman los dueños que para que tenga fuerza y credibilidad esa prensa debe ser capaz de criticarlos a ellos también, si hay razones para ello.
La tragedia de Iguala debería ser el detonador de un nuevo pacto de la élite. Debería ser el inicio de una verdadera lucha conjunta contra los principales problemas que aquejan al país: corrupción, violencia e impunidad.
*Profesor-investigador del CIDE
Twitter: @carloselizondom