José Buendía Hegewisch - Clase política y cadáveres en armario
El actor central de la barbarie contra los derechos humanos por ejecuciones extrajudiciales y desaparición forzada, es la clase política. Es la principal responsable de la falta de eficacia de las políticas públicas de seguridad y justicia, como hoy reclama la CIDH al gobierno mexicano. Sus fallas se extienden, intencional o no, al combate a la corrupción y la impunidad. ¿Cómo mantener el Mexican Moment mientras se cuestiona la capacidad de la autoridad de combatir al crimen, proteger la vida y localizar a estudiantes de Ayotzinapa y a miles de desaparecidos? ¿Es posible sostener la atención de los inversionistas en las reformas ante ello, o en estados de excepción, como la medida extrema que implicaría la desaparición de Poderes en Guerrero?
En efecto, el caso de Tlataya con la eliminación in situ de presuntos delincuentes por parte de militares y, sobre todo, la emergencia por las fosas clandestinas en Iguala, son una dura prueba para las instituciones y la sociedad. Así lo ha reconocido el presidente Peña Nieto, pero habría que cuidar que en la generalización de la culpa no se diluyan las responsabilidades concretas. La tragedia por la desaparición de 43 normalistas en las narices de la autoridad (el alcalde huido) y de la mano de la policía no puede desplazar la atención de quienes deben rendir cuentas.
No obstante, la respuesta de la clase política, nacional y local, a la peor crisis de seguridad de la actual administración, demuestra otra vez porqué las promesas de transparencia y rendición de cuentas hacen cosquillas a la impunidad. Respecto a las autoridades municipales y estatales se argumenta que la fragmentación política con la alternancia en 2000 nos devolvió al país de caudillos que se manejan como virreyes locales. De ahí la desconfianza en el pacto federal por las limitaciones institucionales y la falta de capacidades de estados para gobernar con eficacia. Son explicaciones, pero no agotan un problema más global.
Lo que iguala la respuesta de la clase política —federal y local— es el modelo de ejercer el poder vertical y patrimonialista, que desde hace tiempo es el mayor obstáculo para la eficacia de las políticas públicas por la corrupción e impunidad. La persistencia de estas prácticas propicia el ocultamiento de miles de desaparecidos en la “guerra contra el crimen” o el solapamiento al gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, por parte de su partido, el PRD. Fue un modelo que la integración de México en el mundo desgastó y dejó sin viabilidad. Aunque su persistencia explica también por qué el gobierno llega a subestimar el impacto de la inseguridad en la inversión internacional o confiar en mantener la imagen del país a pesar del fracaso de la política pública en la materia. Es una limitación para el crecimiento de la propia clase política.
La resistencia de Aguirre en el cargo a pesar del absoluto vacío de poder institucional en el estado es una muestra clara del modelo de impunidad; tanto como los eufemismos del PRD apoyando su permanencia para que rinda cuentas, o la impotencia de Peña Nieto de hacer creer que la situación del gobernador se decide en Guerrero. Su dimisión se justifica en el fracaso de la política de seguridad y justicia en el estado, pero su salida tampoco lo releva de rendir cuentas.
En efecto, la primera vez que Aguirre llegó a la gubernatura como interino fue por causa de la matanza de Aguas Blancas, en 1995, y ahora podría ocurrir lo mismo a unos meses de acabar su periodo. Su caso ilustra cómo en los últimos 20 años los controles del Estado y la respuesta gubernamental frente a la violencia es errática y fallida en la mayoría de los casos. Lo que ha cambiado en los últimos dos lustros es que el modelo de impunidad es también cada vez más pobre para tapar sus deficiencias, ocultar sus omisiones y hasta dejar los cadáveres en el armario sin que nadie los vea. Y de cara al exterior, la cada vez mayor impresión de que las viejas masacres rurales y entre poderes locales ha dado paso a la violencia institucional por la penetración del crimen en los partidos y el Estado.
Por eso la solución extrema a la crisis de gobernabilidad en la entidad tampoco vendrá de la desaparición de Poderes, como discutirá el Senado el próximo martes a propuesta del PAN. La lección que deja Guerrero, y antes Michoacán, es que es necesario cambiar el modelo patrimonial y autoritario de ejercer el poder si se pretende preservar el estado del crimen y tener políticas públicas eficientes.
*Analista político
Twitter: @jbuendiah