María Amparo Casar - Mas allá de la coyuntura
En el caso de Guerrero —como antes en Michoacán o Tamaulipas— los gobiernos federal y estatales han actuado de manera reactiva a pesar de la añeja presencia de grupos guerrilleros y delincuenciales en la entidad, de las condiciones de ingobernabilidad y de la conocida vinculación entre autoridades locales y todo tipo de organizaciones fuera de la ley.
Hasta el momento se han planteado tres propuestas que buscan aplacar el descontento social y las movilizaciones, así como dar respuesta a las demandas de justicia y seguridad: la renuncia del gobernador, la desaparición de poderes y la intervención federal, ya sea en el modelo Michoacán con el “castillazo” o en el de Tamaulipas con la anulación o desmantelamiento de las policías municipales.
La salida del gobernador debe darse por responsabilidad política (y probablemente penal), pero no resuelve ni la situación de inestabilidad, ni los índices de homicidios y desaparecidos, ni tampoco la penetración de las autoridades por parte de los criminales. Ya se ha repetido, el gobernador se va, pero el crimen y la corrupción se quedan.
Ante la gravedad de la situación, en los últimos días el gobierno federal ha optado por acciones como la intervención de 13 alcaldías, la aceptación de la participación de algunos organismos internacionales, el anuncio de recompensas por información para localizar a los desaparecidos y la invitación a los familiares de las víctimas para que estén al tanto del curso de las investigaciones. Bienvenidas todas estas medidas pero, otra vez, no van al fondo del asunto.
Conscientes de que la situación que se vive en Guerrero rebasa la coyuntura de Ayotzinapa, cada vez son más los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil como Causa en Común, Iniciativa Ciudadana, México Evalúa y muchas otras que proponen al gobierno medidas viables de carácter más estructural.
En el plano jurídico, urgen acciones que se han pospuesto por indolencia o conveniencia. Primero, la desaparición del fuero que sigue siendo utilizado para otorgar inmunidad e impunidad a los servidores públicos. Segundo, la adecuación del marco jurídico para dar protección y certidumbre a las Fuerzas Armadas que siguen llevando a cabo tareas que corresponden a las policías. Acompañando a esta medida, se propone la capacitación de los elementos del Ejército en funciones de seguridad interior, incluida la protección de los derechos fundamentales tanto de los ciudadanos como de los presuntos delincuentes. Si por necesidad el Ejército va a seguir en las calles, merece la protección jurídica que hace tiempo vienen pidiendo. Los ciudadanos, por su lado, merecen el respeto de parte de quienes han tenido que asumir las funciones de protección y seguridad. Tercero, revisar el artículo 76 de la Constitución y su ley reglamentaria para aclarar las circunstancias en las que la desaparición de poderes queda configurada y procede nombrar a un gobernador sustituto. Finalmente, hace falta retomar el proyecto de mando único de las policías y acabar con la absurda situación de 2022 corporaciones en el país, 500 de ellas con menos de diez elementos. Mientras éstas subsistan seguiremos con la cantaleta de los gobernadores de que ellos no pueden pasar por encima de los municipios.
En el ámbito político-administrativo, las instancias encargadas de los aparatos de inteligencia y seguridad se deben a sí mismos la elaboración de un mapa no sólo de los grupos delincuenciales sino, sobre todo, de los servidores públicos electos y designados. Sólo con información de esta naturaleza se vuelve creíble el discurso de este gobierno de que su estrategia es distinta a la del anterior porque está basada no en la fuerza sino en la inteligencia y la colaboración entre los órdenes de gobierno. Sólo con este tipo de información puede el gobierno mexicano comenzar a disminuir la impunidad y hacer creíble su compromiso de “caiga quien caiga” o “tope donde tope”. Las renuncias y remociones no bastan: deben ir acompañadas de investigación, averiguaciones previas, procesos judiciales y, si fuera el caso, consignaciones.
A ese mapa debe agregarse otra base de datos que dé cuenta de los antecedentes de los candidatos a puestos de elección popular y la rigurosa vigilancia del origen y aplicación de los recursos de campaña. Los partidos deben ser corresponsables de cualquier protocolo para la designación de candidatos pues, al final, son ellos los que deciden las postulaciones.
Finalmente, en el campo internacional —además de en el interno— hace falta también la acción decidida a favor de la agenda de la despenalización y regulación de las drogas. No puede haber mayor evidencia que la que brinda nuestro país de que declarar la guerra a los grupos que se brincan la ley ni los debilita ni termina con la violencia.
Lamentar que “los esfuerzos que realizan los diversos niveles de gobierno y la sociedad para mejorar la seguridad y la procuración de justicia se hayan visto empañados por los sucesos de Ayotzinapa” es totalmente insuficiente y ya no convence a nadie.
*Investigador del CIDE
Twitter: @amparocasar