Cecilia Soto - Legalizar el cultivo de amapola ya
Creíamos que teníamos más tiempo pero las masacres de Tlatlaya y el contubernio íntimo entre las autoridades locales y la delincuencia confirmado con la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, realidad que se repite en varias regiones del país, demuestran que no lo tenemos. Se requieren medidas drásticas para que lo que hoy es botín y conflicto entre grupos fuera de la ley deje de serlo y para brindar una alternativa de reinserción social a los miles de mexicanos que hoy militan del lado del delito.
Se requiere dar pasos firmes hacia la legalización del consumo de la mariguana, que incluya modalidades de siembra y comercialización. No podemos darnos el lujo de pagar por ver experimentos audaces como el de Uruguay, país que no tiene los niveles de criminalidad y barbarie que padece México. No creo que la legalización —en la modalidad que sea— acabe con la delincuencia que ha desarrollado muchas otras modalidades de delito, pero sí creo que se seque uno de los principales flujos financieros con los que cuenta. Incluso si este argumento no fuera suficiente basta recordar, como lo ha hecho insistentemente Jorge Castañeda, que padecemos una violencia inaudita resultado de la estrategia de destrucción de cultivos y persecución por la mariguana cuando el principal mercado consumidor se prepara a paso veloz a su legalización y producción masiva.
Más allá de la significativa entrevista que el presidente Peña Nieto dio al diario español El País en meses recientes sobre este tema, se requieren señales más definitivas sobre el compromiso con que el gobierno se dispone a atacar este problema, una vez que el cambio de estrategia que incluía en forma prominente la coordinación de las iniciativas sobre seguridad con los tres niveles de gobierno, ha demostrado ser inútil en aquellas regiones del país donde no hay con quien coordinarse porque están tomadas por los delincuentes. No hay gobierno que no se equivoque, pero hay pocos que rectifican con eficacia y rapidez. Este gobierno tiene todavía cuatro años que pueden y deben ser útiles para el país.
Como lo documentó en forma resumida e inteligente Héctor de Mauleón en su artículo “El negocio detrás de Iguala”, publicado en El Universal el pasado 23 de octubre, el municipio que gobernaba José Luis Abarca es el lugar donde se concentra la producción de amapola diseminada por la región. De ahí se lleva para su procesamiento como goma de opio y/o heroína y para su tráfico hacia Estados Unidos. En el acostumbrado informe anual de la Casa Blanca sobre la producción de narcóticos, publicado el pasado 15 de septiembre, se hace mención al hecho de que México es el principal proveedor de goma y heroína a Estados Unidos y que el área cultivada ha crecido hasta las 12 mil o 15 mil hectáreas. Aunque los cultivadores de amapola o adormidera en Afganistán dedican un área quince veces mayor que la de Guerrero, la mayor parte de ese producto no llega a nuestro vecino del norte sino que se queda en Europa, varias regiones de Asia y Oceanía.
Mi propuesta es aún menos controvertida y radical que la de la legalización de la mariguana a la que, por cierto, llegué después de años de conflicto y lucha interna. Propongo que el gobierno mexicano legalice la siembra de amapola con el propósito de producir medicamentos basados en opiáceos que se usan especialmente por su valor analgésico. Todos aquellos que hemos perdido a un ser querido por el cáncer tenemos una deuda con la morfina y otros opiáceos que hicieron posible que sus últimos días no estuvieran marcados por gritos de dolor indecible.
Tampoco soy muy original. Importantes foros europeos han propuesto la iniciativa “amapola para medicinas” para Afganistán. Entiendo también que, de legalizarse el cultivo de la adormidera o amapola y mientras haya demanda en Estados Unidos, el crimen organizado buscará seguir produciéndola ilegalmente. Pero si el Estado regula el cultivo e incentiva la producción de medicamentos basados en los alcaloides contenidos en la goma de opio y otras partes de la planta, dará una importante alternativa económica a los campesinos que se dedican a ello y los hará menos vulnerables a los traficantes.
El productor legal más importante es la India, país que ha desarrollado una importante industria farmacéutica que compite mediante precios bajos con los grandes laboratorios de Occidente. Francia, España, Australia en la región de Tasmania, China, Hungría, Turquía, Austria, Holanda, Polonia, Eslovenia y la República Checa, también cultivan legalmente la amapola, pero a diferencia de la India —único país autorizado por la Convención Única sobre Narcóticos de la ONU para la producción de goma de opio mediante la incisión del bulbo—, estos países utilizan un método de procesamiento que incluye otras partes de la planta además del bulbo.
Aunque el cultivo legal de amapola se encuentra altamente regulado, existe el riesgo de que se “derrame” hacia la economía ilegal. Pero en México no tenemos riesgos sino certezas del dominio de la economía del opio por los delincuentes. También es cierto que la demanda mundial de opiáceos para la industria farmacéutica se encuentra cerca de la saturación, pero las áreas en México son comparativamente reducidas. ¿Sería posible exportar los alcaloides o sería mejor incentivar la producción local de medicamentos? Estas son preguntas que un debate serio que cambie radicalmente los términos de la ecuación que buscamos resolver debe examinar ya. Nos encontramos en Twitter: @ceciliasotog
*Analista política