Pascal Beltrán del Río - Iguala: restos que ya tienen nombre
Desde que fueron desaparecidos los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala, hace ya 39 días, la pregunta más importante que no ha sido respondida es ¿dónde están?
Sin embargo, al lado de ella ha surgido otra. Desde que comenzaron a encontrarse fosas clandestinas con restos humanos —hasta la semana pasada iban 38 cadáveres recuperados, de acuerdo con la PGR—, y que, en principio, se ha descartado que correspondan a los normalistas, la pregunta que se ha planteado insistentemente es la siguiente: si los cuerpos no son de los estudiantes desaparecidos, ¿entonces de quiénes son?
Los periodistas sabemos que no podemos hacer las funciones del Ministerio Público, pues lo que nos corresponde es dar información de interés público.
Sin embargo, por las dudas que rodean este terrible caso, en Excélsior y Grupo Imagen Multimedia decidimos enviar al norte de Guerrero a la reportera Claudia Solera para encontrar las historias de los otros desaparecidos de Iguala.
La búsqueda comenzó con la consulta de la base de datos del Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas (RNPED).
De acuerdo con ésta, entre 2005 y junio de 2014 había medio centenar de casos de desaparecidos en esa región, de los cuales 22 correspondían a Iguala y 12 al municipio de Taxco. En esa lista no aparecen los 43 normalistas, ausentes desde finales de septiembre.
Cuando uno revisa el RNPED es fácil darse cuenta de que las desapariciones iban al alza en Iguala: en 2012 hubo tres; en 2013, seis, y en el primer semestre de 2014, diez. En ese sentido, el municipio cuna de la Bandera nacional era una bomba a punto de estallar.
En su primer viaje a Iguala, Solera desentrañó casos de desaparecidos cuyos familiares han tenido miedo de divulgar e investigar los hechos por las amenazas que han recibido.
Cuando se conoció el rapto de los normalistas, tomaron valor, pero hasta ahora no ha habido autoridad que les pueda decir si sus familiares están entre los 38 cadáveres recuperados, pues no hay una base de datos de ADN contra la cual pudieran cotejar y eventualmente realizar una identificación.
Pero no todo está perdido para los familiares, pues el pasado fin de semana, los policías comunitarios de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), que, en condiciones muy difíciles han estado apoyando la búsqueda de los desaparecidos, reportaron un hallazgo importante.
La noticia apareció ayer en la primera plana de Excélsior, bajo la firma de Claudia Solera.
El 24 de octubre, en una de las fosas del paraje de La Joya —donde han aparecido ocho de los 38 cuerpos—, policías comunitarios encontraron restos humanos entre los que había una cartera a medio quemar, la que contenía algunas credenciales con el nombre de Felipe de Jesús Parra.
La información fue subida a la página de Facebook del Frente Igualteco por la Dignidad. Un día después, una familia se puso en contacto con los policías comunitarios. Por fin, se pudo poner rostro a uno de los cuerpos exhumados en la zona de Iguala.
Se trataría de los restos de un taxista que salió a trabajar la noche del 3 de septiembre de 2013, pero jamás regresó a casa.
El de Felipe de Jesús Parra, quien vivió y trabajó unos años en Estados Unidos, es uno de los casos de desaparición que nunca fueron denunciados ante el Ministerio Público por temor de sus familiares.
Y, de hecho, ese temor no ha desaparecido. Miguel Ángel Jiménez, uno de los policías comunitarios que han participado en la búsqueda de fosas —incluso poniendo en riesgo su propia vida— dijo a Excélsior que el hallazgo le producía sentimientos encontrados: “Detrás de un desaparecido hay tanto dolor, hay tanto miedo”.
Pese al encomiable esfuerzo que han hecho la UPOEG y el Frente Igualteco por la Dignidad, hay que decir que el trabajo de buscar, encontrar e identificar restos debería ser una función exclusiva de las autoridades. Qué lástima que no lo estén haciendo bien, o cuando menos a la velocidad que la tragedia amerita, y que tenga que ser una organización social la que haya llegado primero a juntar el hallazgo de información con un caso de desaparición.
Entiendo que por lo terrible que resulta la sustracción de 43 estudiantes por parte de quienes tenían la obligación de proteger a la ciudadanía, gran parte del esfuerzo oficial se centre en su búsqueda.
Sin embargo, las autoridades no pueden desdeñar los casos de las más de 22 mil personas que siguen sin ser localizadas.
A pesar de lo trágicos que han sido los hechos en Iguala, hay otros lugares del país que esperan una búsqueda a fondo de sus desaparecidos.
Tamaulipas es el estado con mayor número de ellos, con cuatro mil 875 casos. Le siguen Jalisco, con dos mil 113; el Estado de México, con mil 554; el Distrito Federal, con mil 450; Coahuila, con mil 332, y Sinaloa, con mil 289.
No se puede presumir que detrás de todos estos casos de desapariciones haya policías, pero es un hecho que investigar y aclarar cada una de estas ausencias es responsabilidad de las autoridades.