Francisco Garfias - “Si cae Abarca, Aguirre va a la cárcel…”
Lo escuché de boca de un alto funcionario del gobierno federal: “Si cae Abarca, Aguirre y muchos más van a la cárcel…”.
El funcionario, quien solicitó el anonimato, está convencido de que el prófugo exalcalde de Iguala sabe demasiado. Por eso lo dejaron ir, dice.
En el entorno del exgobernador de Guerrero lo niegan. Aseguran que desde que se tuvo conocimiento de la magnitud de la barbarie en Iguala, Ángel Aguirre ordenó: “¡Métanle campana!”, pero ni caso le hicieron.
El entonces alcalde con licencia, su esposa, María de los Ángeles Pineda y el secretario de Seguridad Pública, Felipe Flores, se “pelaron” y no hay rastro de ellos.
Hay quien cree que el rico casateniente, joyero, y edil perredista del convulsionado municipio ya ni siquiera es de este mundo. Algo así como un “Muñoz Rocha del siglo XXI”.
· El Reporte de Actividades de la Comisión Especial de Diputados para dar Seguimiento a las Investigaciones Relacionadas con el Caso Iguala deja muy mal paradas a las autoridades estatales de Guerrero, pero también al gobierno federal.
El texto, avance preliminar de las acciones desarrolladas a un mes de creada la Comisión, dice que, más allá de la duda razonable, existen medios de prueba que nos sugieren irregularidades de las investigaciones.
Particular énfasis pone el reporte en el delito de “desaparición forzada” que PRI y PVEM se resisten a admitir, según integrantes de la Comisión.
¿La razón? La desaparición forzada es un delito de lesa humanidad que involucra a las autoridades federales y permite llevar el caso a la Corte Internacional.
El texto, que hoy se sube al pleno de los diputados, da cuenta de la reunión que los comisionados sostuvieron en las oficinas del alto comisionado para los Derechos Humanos en México.
Allí les hicieron ver que sí hay “desaparición forzada”, al haber cierta aquiescencia o participación de agentes del Estado en la tragedia.
El reporte recoge la versión de representantes de Amnistía Internacional (AI), quienes aseveraron que las circunstancias y el contexto local contaban con las condiciones necesarias para que sucediera una tragedia de esta magnitud.
Y esto, en virtud de que las autoridades de procuración y administración de justicia estatales y federales son “negligentes” para articular y aplicar mecanismos eficientes de búsqueda de desaparecidos.
A los de AI también les pareció “especialmente grave” la tardanza de las autoridades competentes para calificar la conducta delictiva como el delito de desaparición forzada.
“La propia negación de dicho delito provocó las más terribles consecuencias de la negación de tratar los hechos como un fenómeno de desaparición forzada de personas, como es la multiplicidad de líneas de investigación sin una planeación ministerial que tenga por objetivo localizar a las personas, tener claridad de lo sucedido y determinar con certeza quiénes fueron los responsables.”
Y más: “La Unidad para la Localización de Personas Desaparecidas de la Procuraduría General no cuenta con el personal ni los recursos necesarios, por ejemplo, para la implementación de la base de datos única estandarizada en todas las entidades federativas”.
Para Amnistía, cito textual, “es evidente que la atención a las víctimas es deficiente y en el marco de las investigaciones experimentan un fenómeno de revictimización, que se agrava frente a la ausencia de información a los familiares, la falta de garantías para el ejercicio de sus derechos y la incertidumbre frente a los mecanismos para garantizar su seguridad personal”.
No debe olvidarse que tras los hechos ocurridos en Ayotzinapa, la responsabilidad es del Estado mexicano en su conjunto, pues hasta ahora se ha omitido observar las recomendaciones formuladas a nivel internacional para la creación de una ley general de desaparición forzada de personas y aceptar la competencia del Comité sobre Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas.
· En el encuentro con la CNDH se destacaron las irregularidades detectadas en las investigaciones.
¿Cuáles?
—No precisan cuál fue la participación de todas las instituciones de seguridad que se encontraban en el municipio: Policía Estatal, Policía Federal y el 27º batallón del Ejército.
—De las 24 cámaras del C4 que están instaladas en el municipio, ese día únicamente cuatro funcionaron con normalidad.
—El lugar y las evidencias no estaban preservadas, pues literalmente los cuerpos encontrados en las fosas se encontraban a flor de suelo.
—No se utilizaron protocolos de búsqueda y localización de 43 desaparecidos con vida, pues en las primeras 72 horas no se llevaron a cabo diligencias tendientes a investigar su desaparición forzada, lo que constituyó una omisión grave.
—Respecto a las medidas cautelares otorgadas a las víctimas, no hay constancia de su cumplimiento por parte de las autoridades encargadas de su implementación.
La CNDH coincidió en que hubo dilación en reconocer que el delito en cuestión es desaparición forzada.
· Nos llamó el senador del PRD, Armando Ríos Piter. Quería dejar bien clarito que el “sucio” tema de sus fotos con el fugado exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, tiene que ver con la intención de “distorsionar” su imagen frente al proceso electoral que se avecina para renovar la gubernatura.
“No tuve relación alguna con Abarca más allá de las escasas ocasiones en campaña o en eventos públicos institucionales. Jamás una relación personal o de acercamiento”, puntualizó.
El diputado del PRI Antonio Astiazarán se destapó como aspirante a una “candidatura de unidad” al gobierno de Sonora. “Espero que un día Dios me dé la oportunidad de ser gobernador”, le dijo al diario Expreso de Guaymas, en entrevista publicada ayer con motivo de su Informe anual.
La tiene difícil. También la quieren los senadores Claudia Pavlovich y Ernesto Gándara. A ella la respalda Manlio. A él Gamboa.
¿Y el Presidente de la República a quién? “Allí está el detalle”, como diría el clásico Cantinflas.