Carlos Elizondo Mayer-Serra - Nuestros impuestos están trabajando
La delincuencia ha mutado. Ya no soborna a funcionarios para sembrar o transportar droga. En muchas ciudades pequeñas, ahora es el gobierno quien le transfiere recursos fiscales para que éste lo deje gobernar o le sirva como instrumento de coerción frente a sus adversarios.
En palabras del investigador Guillermo Trejo, “en Michoacán, la delincuencia se apropiaba del 30% del presupuesto anual de obra pública de los municipios; exigía que los contratos de obra pública se otorgaran a constructoras bajo su control; y cobraba el 20% de la nómina salarial de la burocracia local” (http://goo.gl/BSxam7). Por ello, ahora cuando nuestros impuestos están trabajando, pueden estar financiando a los delincuentes.
Hoy tenemos que preocuparnos más que nunca por el impacto de este nuevo uso de nuestros impuestos. El presupuesto propuesto para 2015 será récord, casi 4.7 billones (millones de millones) de pesos, poco más del 25.5% del PIB estimado para el año entrante. A las entidades y municipios (ramos 23, 28 y 33) se les transferirá poco más de 7% del PIB. El potencial de financiamiento de los grupos fuera del orden es mayúsculo.
Por décadas vivimos con la ilusión de que la exportación de drogas hacia Estados Unidos era un problema de nuestros viciosos vecinos. Sí, la demanda por droga en Estados Unidos era la responsable de estimular la oferta de estos productos, pero quienes surtían ese mercado desde México operaban en la ilegalidad. Pensamos que esto no iba a tener consecuencias. Pero los delincuentes fueron carcomiendo y metiéndose en nuestras ya de por sí débiles instituciones y acumulando cada vez más poder.
Para cuando nos dimos cuenta, su principal quehacer ya no era la droga, sino cualquier negocio en el cual fuera útil la violencia y el poder corruptor del dinero. Por eso hoy liberalizar el mercado de la mariguana, aunque podría permitir al gobierno concentrar sus frágiles fuerzas en enfrentar a otros crímenes y sacar de la cárcel a miles de mexicanos presos por delitos vinculados con el consumo de la mariguana, no resolvería el problema.
Estamos ante una emergencia en más de una zona del país. Como señala Guillermo Trejo, respecto a Michoacán “… la infiltración del municipio fue más allá: los grupos criminales se apoderaron de los catastros públicos municipales donde obtenían información fidedigna que les permitiera extorsionar con mayor eficacia…” (http://goo.gl/BSxam7).
Como ha sostenido Juan Pardinas, presidente del IMCO, un gasto público con pocos controles, actualmente no sólo abre el espacio para que muchos políticos, sobre todo a nivel local, desvíen sin consecuencia los recursos presupuestales, sino que además les facilita a los delincuentes la capacidad de presionar a las autoridades para que les asignen obras o les paguen una cuota. Si una parte del gasto púbico ha sido capturada por quienes tienen poder, desde contratistas amigos del funcionario a cargo de aprobar el presupuesto hasta sindicatos de burócratas que abultan la nómina de empleos con parientes o compadres, no extraña que ahora una parte de estos recursos llegue a las manos de grupos delincuenciales.
No hay mejor inversión con nuestros impuestos que una policía eficaz y un sistema de procuración de justicia que funcione. Esto es la base para poder vivir en paz y para que haya certidumbre para la inversión. Hoy, según los expertos encuestados por el Banco de México, la inseguridad es la preocupación más importante de los agentes económicos.
Sin embargo, si las policías son parte de la delincuencia, más recursos invertidos en ellas es alimentarla. Los controles de confianza de los policías, basados en el polígrafo y otras técnicas semejantes, se pensaron como la fórmula mágica para renovar a los policías. Estos controles no están funcionando. De acuerdo con el último informe de gobierno de Iguala existían 298 elementos policiacos, de los cuales 210 habían sido evaluados en control de confianza y, de estos, 204 estaban certificados. El resto es historia.
Para que estos controles funcionen tiene que ser parte de un modelo policiaco que involucre de forma permanente a la sociedad a través de consejos ciudadanos sólidos y donde esté evaluado, como lo ha sugerido el experto en temas de seguridad Alejandro Hope, no sólo cada policía, sino la corporación en su conjunto. Sólo así estos controles podrán dejar de ser un mero formalismo fácil de manipular. Sólo con una presencia ciudadana se pueden afianzar los cambios que logren mejorar a los cuerpos policiacos. Estos principios están detrás de casos de reestructuración policiaca que parecen estar dando frutos, como sucede en Nuevo León, Chihuahua, Morelos y el propio Distrito Federal.
Certificar bien a las policías no es suficiente. La delincuencia tiene el poder de apoderarse de una parte de los recursos públicos. Hay que blindar entonces el buen uso del gasto público. Las reformas contra la corrupción que se acordaron como parte del Pacto no se completaron. Iguala es, a la vez, un ejemplo y una oportunidad para acabar de cerrar esa agenda. El gobierno ha declarado querer ir en este sentido. Sin embargo, habrá que ver qué pacto traen en mente. Éste debe implicar reformas concretas y con mucha profundidad, y debe venir aparejado ya con una mayor transparencia en la asignación de la inversión pública.
*Profesor-investigador del CIDE
Twitter: @carloselizondom