José Buendía Hegewisch - Crisis de credibilidad
La frialdad de testimonios e imágenes sobre la investigación de la muerte de los 43 normalistas de Ayotzinapa hablan, por sí mismas, de nuestra oscura realidad. La pretensión de borrarlos de la faz de la tierra es otra cara de la corrupción y la impunidad, así como también de la doble moral que como sociedad nos hizo evadir las atrocidades de la violencia y la guerra contra la delincuencia, hasta frivolizar al mal. La sinrazón de ese nivel de horror hace visible la profunda y compleja problemática de las instituciones de seguridad y justicia, mientras la historia recorre las televisoras del mundo como un nuevo capítulo de Breaking Bad.
En sí mismo lo que representa esta tragedia ameritaría luto nacional por los normalistas, así como también por los otros tantos cuerpos de otras, tantas, fosas en Iguala y de los miles de desparecidos que se acumulan desde el gobierno de Calderón. El presidente Peña Nieto debió declarar luto nacional y ponerse al frente de la tragedia, y no sólo reiterar que caerán todos los culpables. No obstante, ahora la crisis ya es de su gobierno y lo importante es la respuesta para evitar que el descontento social desemboque en un “que se vayan todos” como ocurrió en Argentina contra la clase política. Como lo señaló esta semana el exrector Juan Ramón de la Fuente, el riesgo es que la violencia revierta avances sociales.
El informe de la PGR del avance de la investigación no apaciguó el enojo y la falta de credibilidad en el trabajo oficial, junto con el escepticismo de los familiares a la versión de la autoridad e incluso sus regaños al procurador Murillo. Persisten críticas del viaje de Peña Nieto a China en estos momentos, pero sobre todo está la necesidad de poner una agenda para resolver los problemas estructurales que subyacen a desapariciones forzadas y crímenes, como Tlataya, que dejan la peor crisis de derechos humanos en décadas por abusos de los aparatos de seguridad.
Aunque falta por aclarar el móvil y las complicidades de la delincuencia, el caso Iguala no es un asunto para una comisión de la verdad porque el problema de la justicia para los desaparecidos, así como de la descomposición institucional que se refleja no se limita a ésta. El foco de atención debe estar en la reacción del gobierno a la crisis de seguridad y justicia, así como a su capacidad para retomar el liderazgo y salir de la parálisis. El desinterés con que se recibió el anunció de Peña Nieto de convocar a un acuerdo por la seguridad es una muestra más del desgaste de la autoridad y, en general, de las soluciones repetidas e ineficaces de los últimos 16 años desde la marcha blanca de 2004, el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad de 2008 y el diálogo por la Seguridad de Chapultepec.
La descomposición política por los vínculos de partidos con el crimen —como muestra el exalcalde de Iguala José Luis Abarca y su esposa, o los legisladores de Morelos— alientan la indignación y las pulsiones rupturistas que se llevarían lo que todavía funciona en las instituciones. El reparto de acusaciones y culpas en el PRD por la candidatura de Abarca es un espectáculo que abona al grito de “váyanse todos”.
Pero lo que urge es la acción de un gobierno capaz de dirigir y transformar el enojo social en participación corresponsable de una sociedad a la que la violencia y el abuso sistemático también han minado su salud moral.
La salida no es fácil como se aprecia en los pasos vacilantes del gobierno y en iniciativas que la realidad niega y rechaza de esta crisis. En este lapso la agenda la ha impuesto la sociedad, sacudiendo a un gobierno rebasado por la calle. Por ello sería un grave error pensar que el tema pudiera olvidarse hasta que lleguen los resultados del análisis de los restos llevados a Austria. Mucho menos pensar que con la versión oficial y otras detenciones que prometió Peña Nieto se cierre el caso.
La fórmula exitosa del Pacto para las reformas estructurales, sin embargo, no sirve para esta crisis. Primero porque la aprobación de la energética mediante acuerdos cupulares como principal apuesta de este gobierno desgastó el consenso de la élite. Y segundo porque el deterioro de la imagen de la clase política por la corrupción e impunidad ha debilitado su autoridad para revertir el descrédito y evitar que sus propuestas sean desoídas. El gobierno requiere restaurar su autoridad a través de la revisión de sus estrategias, y después, la rendición de cuentas y la sanción de responsables en el gabinete y los gobiernos locales. Ello pasa por reconocer la gravedad de la problemática de los desaparecidos y la corrupción e impunidad que ya no aguanta el país.
*Analista político