Cecilia Soto - Un Plan Marshall para Guerrero
Lo que más llama la atención de la información compartida por el procurador general de la República es el extremo cuidado con el que los delincuentes buscaron ocultar toda huella de la autoría del asesinato bárbaro de varias decenas de jóvenes la madrugada del 27 de septiembre. Al instrumentar la incineración de los cadáveres en forma tan sistemática demostraron, en primer lugar, larga práctica y conocimiento de las dificultades para colectar muestras de ADN de entre las cenizas. En segundo lugar, y más significativamente, demostraron temor. Si inicialmente la orden de exterminio a los jóvenes fue dada bajo el incentivo de “defender el territorio” como lo declarara uno de los testigos, ¿por qué no dejar los cadáveres como mensaje para sus enemigos?
El cuidado obsesivo para impedir la identificación de los cadáveres probablemente indica el reconocimiento de un error monumental. El pacto de silencio y sojuzgamiento impuesto a la ciudadanía de la región por la vía del terror se ha roto y se han convertido en el enemigo número uno de los guerrerenses y de todo el país. El necesario clandestinaje y relativo ocultamiento que requieren las actividades delictivas han sido vulnerados en forma grotesca y brutal. La atención mundial está sobre Guerrero y el planeta entero pide la derrota de ese grupo y pone en peligro también a la red de proveedores de armas, compradores de goma de opio, en fin, toda la cadena económica y logística asociada a sus actividades de la delincuencia y la extorsión.
Pero no sólo mostraron celo para obstaculizar la identificación de las víctimas sino, sobre todo, cuidado para impedir encontrar a los autores. Los testigos mostrados en video por la PGR informaron que también se les exigió quemar sus ropas de tal manera que no hubiera huellas ni de las víctimas ni de los autores. Creo que sólo es cosa de tiempo para que caigan los otros responsables directos del crimen —el procurador habló de otras 11 órdenes de aprehensión—, además de los 94 cómplices, testigos o victimarios que ya están en poder de la PGR.
Como en el caso de las negociaciones entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC y el actual gobierno colombiano, es legítimo negociar cuando el Estado está en posición de ventaja. Acortar el proceso de rendición y disminuir la violencia contra la población civil bien valen la pena una negociación. Por la información dada a conocer por el procurador general de la República no es aventurado imaginar una alternativa de rendición para los dos grupos hegemónicos fuera de la ley en la región de Iguala en Guerrero.
Aunque sin duda el Estado mexicano debe brindar todo tipo de facilidades y garantías antes que nada a los familiares de las víctimas, tanto los primeros seis fallecidos el 26 de septiembre, los heridos que aún se encuentran bajo cuidado médico y los familiares de los jóvenes asesinados esa madrugada según relatan los testigos, hay también víctimas del lado de los delincuentes.
Hasta ahora ha habido premios económicos para los delatores, pero un incentivo para la entrega voluntaria de otros culpables es la garantía de que sus familiares serán protegidos y que los menores tendrán garantizado el acceso a la educación. Entiendo que esto pueda parecer un despropósito ante el dolor, la incertidumbre y el duelo de los familiares de los fallecidos o desaparecidos. Pero es necesario romper la dinámica que hace de esposas e hijos de los delincuentes dependientes de los antiguos aliados y de los recursos económicos de la delincuencia.
Al mismo tiempo se requieren medidas sencillas y prácticas que hagan preferibles para muchos las actividades legítimas a las ilegítimas. En primer lugar, el castigo riguroso y severo a los culpables del terror que ha asolado a esa región y particularmente a los culpables de los crímenes de Iguala. Ver en la cárcel condenados a largas sentencias a quienes quizá admiraron y emularon, es el más poderoso desincentivo para abandonar esa vía. En segundo lugar, cortar el flujo de dinero a esas organizaciones mediante la legalización del cultivo de amapola y su venta para la industria farmacéutica y el fin de la capacidad de extorsión con la llegada de fuerzas de seguridad federales y empoderando y colaborando con las organizaciones de autodefensas locales.
En tercer lugar, un Plan Marshall para Guerrero. A diferencia de Michoacán con sus importantes recursos en cultivos de aguacate, limón, maderas, minas y puerto, Guerrero depende mayoritariamente de los ingresos del turismo en Acapulco y éstos sufrirán el impacto de las noticias sobre Iguala. Este es el momento para la más amplia colaboración entre las universidades, la iniciativa privada, la banca de fomento nacional e internacional y los programas para pequeñas y microempresas para encontrar y desarrollar alternativas de desarrollo económico regionales. Nuevos cultivos, nuevas agroindustrias como la que se ha venido desarrollando en torno a las palmeras cocoteras, propuestas de reubicación de poblados y nuevas ciudades a zonas con menos riesgos ambientales y mayores recursos. Nuevas alternativas educativas y técnicas. El único consuelo que encuentro al luto que hoy nos ensombrece es que la muerte de esos jóvenes pueda poner un hasta aquí a las condiciones que hicieron posible su sacrificio y den paso a un mejor país. Nos encontramos en Twitter: @ceciliasotog
*Analista política