Frentes Políticos
I.Lavadero. Hay dos personas clave en la investigación Abarca. María Eva Salmerón Rodríguez e Ignacio DamiánLópez Tolosa. Ella sigue apareciendo hasta hoy como titular de la Secretaría de Finanzas del ayuntamiento de Iguala. Armaba el entramado financiero para lavar grandes cantidades. Él, chileno, está casado con Mónica Abarca Muñoz, hija de Javier Abarca Velázquez, hermano de José Luis, y de Lucero Muñoz. No se sabe bien a bien qué operaba, pero aparecía en el organigrama del municipio. Ambos, a las órdenes directas del matrimonio Abarca. ¿A quién más servía López Tolosa en el PRD? ¿Los llamarán a declarar o ya para qué?
II.La otra parte de la tragedia. En estos tiempos de ira, es preciso observar todas las aristas. Los directivos o líderes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos están obligados, o deberían estarlo, a informar con toda claridad a los padres de sus alumnos asesinados, ¿por qué los mandaron esa noche a Iguala?, ¿por qué los entregaron a José Luis Abarca, un alcalde al que sabían asesino?, ¿por qué los mandaron al matadero?, ¿cuál era el propósito de reventar el informe de María de los Ángeles Pineda como presidenta del DIF municipal, si estaban enterados de que era lideresa de delincuentes? Que digan quién fue el estúpido, el salvaje.
III.El adorno. Ante la inacción, todos pierden. Sobre todo los guerrerenses. Bernardo Ortega, presidente del Congreso estatal, informó que las reparaciones al salón de Plenos serán pagadas con recursos públicos lo mismo que el resto de las instalaciones legislativas. El vandalismo magisterial a cuenta del erario. Rogelio Ortega, el gobernador que prefiere renunciar a aplicar simplemente la ley, sabe quiénes son los líderes de la CETEG; sabe que los maestros guerrerenses y los de la Coordinadora actúan de manera paralela y bajo cronómetro para destruir y para sembrar el caos. Quieren el poder por la fuerza. Si el gobernador no aplica la ley en beneficio de los guerrerenses, que vuelva a la burocracia universitaria, donde tan cómodo estaba.
IV.Luis Raúl González Pérez, nuevo ombudsman, debería aprovechar que sus contrincantes entregaron un programa de trabajo serio. El de Mauricio Farah, por ejemplo, fue calificado por varios senadores —incluida Angélica de la Peña— como el mejor de todos. Entre otras cosas, Farah propuso: que las recomendaciones se resuelvan en menos de un año; que se establezcan criterios y protocolos claros de actuación que eviten la discrecionalidad y la creación de un Sistema Integral de Transparencia y Rendición de Cuentas que permita conocer no sólo el ejercicio del gasto público, sino el estado que guarda cada una de las recomendaciones y conciliaciones. Ojalá lo incluya.
V.Parlanchín. Arturo Núñez Jiménez, gobernador de Tabasco, dice que en la consolidación de un auténtico Estado democrático de derecho es imprescindible la seguridad. Que no haya atajos ni vías rápidas, sólo trabajo perseverante de las instituciones, especialmente las vinculadas con la procuración de justicia. Habla muy bonito, pero en Tabasco siguen los secuestros. Falla en su misión de demostrar que la izquierda, aunque toda su vida haya sido priista, como su jefe Andrés Manuel López Obrador, está obligada a gobernar bien. Michoacán y Guerrero son ejemplos lastimosos. No hay menos pobres, no hay más equidad. Qué presumen.