Pascal Beltrán del Río - La orden de Obama
Aún faltan siete semanas para que se instale la 114 Legislatura del Congreso estadunidense —en la que, por primera vez desde el periodo 1999-2001, ambas Cámaras serán controladas por la oposición—, pero la batalla política entre la Casa Blanca y el Capitolio de mayoría republicana ya comenzó.
Y parece que el tema central de esa batalla será la inmigración.
Desde que en junio de 2013 el Senado —todavía bajo el dominio demócrata— aprobó la reforma migratoria, el presidente Barack Obama ha urgido a la Cámara de Representantes a votarla.
El verano pasado, en medio de la crisis causada por la oleada de niños migrantes que buscaban reunirse con sus padres indocumentados, Obama comenzó a lanzar advertencias de que la inacción de la Cámara baja lo podría obligar a usar una orden ejecutiva para ajustar el sistema de inmigración del país, que el propio Presidente ha calificado muchas veces de “descompuesto”.
La reforma del marco que regula la inmigración en Estados Unidos ha sido tema recurrente en la agenda de Obama.
En mayo de 2011, durante un discurso en El Paso, el Presidente dijo que su país estaba enfrentando “las crecientes consecuencias de décadas de inacción”.
Habló de los 11 millones de personas que viven en Estados Unidos sin contar con un estatus legal. Y afirmó que “independientemente de cómo llegaron aquí, la enorme mayoría de ellos sólo trata de ganarse la vida y proveer sustento a sus familias”.
En junio de 2012, Obama firmó una orden ejecutiva —un poder que deriva del artículo II de la Constitución estadunidense, que lo obliga a cuidar que las leyes sean fielmente cumplidas—para instruir a las agencias estadunidenses a diferir la deportación de personas indocumentadas, de 15 años de edad y más, que llegaron a Estados Unidos siendo niños.
Un año después, y en medio de las negociaciones que llevaron a la aprobación de la reforma migratoria en el Senado, dos académicos estadunidenses —Roberto G. Gonzales y Verónica Terríquez—publicaron un estudio que mostraba los logros de la orden ejecutiva, conocida por sus siglas DACA.
De acuerdo con sus datos, en un solo año 61% de quienes evitaron la deportación gracias a DACA obtuvo un nuevo empleo, 61% sacó su licencia de manejo, 54% abrió su primera cuenta bancaria y 38% obtuvo su primera tarjeta de crédito.
Sin embargo, con el tiempo, los propios latinos mostrarían más decepción o desconocimiento sobre la medida que entusiasmó.
En la campaña para ganar su reelección, en 2012, Obama ofreció impulsar una reforma migratoria. Con la aprobación de la reforma en el Senado parecía que podría cumplirla, pero la mayoría republicana en la Cámara de Representantes se negó a votarla.
El voto latino fue decisivo para que Obama pudiera reelegirse. El Presidente se llevó un impresionante 75% de los sufragios de ese sector. Sin embargo, en dos años, el apoyo de los latinos por el Partido Demócrata perdió seis puntos en las elecciones para renovar la Cámara de Representantes. Pasó de 68% a 62 por ciento.
El incumplimiento de la promesa presidencial parece haber impactado en la forma en que votaron los latinos en las elecciones intermedias del pasado 7 de noviembre. Una encuesta nacional, publicada una semana antes de los comicios, encontró que más de una tercera parte de los latinos registrados para votar dijeron que estaban decepcionados o enojados con DACA.
Derrotados los demócratas en las elecciones intermedias, Obama ha vuelto a la carga.
Ha dicho de manera insistente que si el Congreso no aprueba la reforma migratoria, volverá a usar una orden ejecutiva para modificar el sistema.
Esto ha llevado a los liderazgos del Partido Republicano en el Congreso a advertirle al Presidente que hacer eso sería como “jugar con fuego”, “envenenar el pozo” de la negociación política y “agitar una bandera roja frente a un toro”.
Varios legisladores republicanos —como el senador Ron Johnson, quien seguramente será el próximo presidente del Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales— han dicho que están preparando iniciativas de ley sobre inmigración, pero éstas apuntan más a reforzar la seguridad fronteriza que a sacar de las sombras a los indocumentados.
El domingo, Obama dijo en una entrevista que preferiría que fuera el Congreso el que aprobara una reforma migratoria integral, “pero cada día que pasa estamos gastando mal los recursos públicos, deportando a gente que no debería ser deportada y no deportando a gente que, por su peligrosidad, debería ser deportada”.
Con ello, pareció insistir en que la inacción del Capitolio derivará en la expedición de una nueva orden ejecutiva que, según algunas versiones, podría expandir el rango de personas ya cubiertas por DACA, a las que no se deportaría.
De acuerdo con una nota de The Washington Post, la orden cubriría hasta a cinco millones de los 11 millones de indocumentados. Y ordenaría a las agencias estadunidenses enfocarse sólo en deportar a personas consideradas peligrosas.
La orden podría ser expedida en los próximos días o semanas. Seguramente dará lugar a gran confrontación política en Washington. La pregunta es si esa es la razón para expedirla: poner el tema en la agenda y obligar a los republicanos a definirse.