Pascal Beltrán del Río - Justicia sin violencia

¿Hasta dónde llegan los derechos de una víctima y de quienes la apoyan en su búsqueda de la justicia?

Tenemos que preguntárnoslo, pues en nombre de la justicia por los hechos en Iguala de hace 75 días, o con pretexto de ésta, se vienen realizando actos que no sólo atentan contra la convivencia de los mexicanos y afectan la economía, sino que son claramente ilegales.

Es decir, esos actos violan los derechos de otros, que no tienen culpa alguna de la atrocidad cometida contra los normalistas de Ayotzinapa. Se puede argumentar que la autoría de algunos de ellos no está clara. Se ha debatido por semanas enteras, por ejemplo, si acciones violentas como el incendio de una estación y una unidad del Metrobús o el daño a una de las puertas de Palacio Nacional o la destrucción de propiedad privada en Paseo de la Reforma fueron cometidos por manifestantes radicales o “infiltrados” puestos en marcha por alguna autoridad.

De lo que no queda duda, o al menos nadie lo cuestiona, es que los continuos bloqueos de la Autopista del Sol, a la altura de Chilpancingo; la suplantación de cobradores en las casetas de cuota de distintas carreteras; el cierre forzado de centros comerciales en Oaxaca y Chilpancingo; el incendio de los palacios Legislativo y de Gobierno de Guerrero; el secuestro continuo de autobuses; el robo de mercancías, y el saqueo de sedes de partidos políticos en Morelia, entre otros actos, han sido obra de normalistas o miembros del magisterio.

Lo cierto es que en ninguno de esos casos ha aparecido alguna autoridad que de manera decisiva se atreva a poner fin a esos hechos de vandalismo.

Este tipo de acciones ha ido escalando. El sábado pasado, en la Ciudad de México, un grupo de personas fue amarrado y paseado por las calles, luego de haber sido detectado como supuestos “infiltrados” en la marcha de ese día.

Y el lunes, el magisterio guerrerense comenzó a “clausurar” instalaciones del Instituto Nacional Electoral en el estado, asegurando en declaraciones a los medios que no permitirán la celebración de los comicios en junio entrante.

Pero como en democracia el ciudadano deposita el monopolio de la fuerza pública en la autoridad, aquí no cabe reclamar por esas acciones sino a los funcionarios encargados de la seguridad pública y la procuración de justicia, que han hecho poco o nada por impedirlas, investigarlas y sancionarlas.

Da la impresión de que las autoridades de todos los niveles se pasman ante las protestas violentas o ilegales.

Parece que se han comprado los señalamientos de los manifestantes de que “el Estado” desapareció a los normalistas, cuando ya está bastante claro qué pasó con ellos y quiénes —personas con nombre y apellido— son responsables del crimen cometido contra los estudiantes aquella noche de septiembre.

Peor aún, el lunes pasado un convoy de la Policía Federal dio una “contribución” a las personas que impedían el cobro en la caseta de la autopista de Cuernavaca.

Esas autoridades —que no quieren actuar como tales— y un grupo de ciudadanos —con una visión torcida de la justicia o una clara inclinación política— parecen dispuestos a tolerar que se robe al erario o a particulares, que se destruyan bienes públicos y privados, que se impidan derechos como votar y ser votado y que se violente la convivencia, hasta que sean presentados con vida los normalistas desaparecidos.

Es obvio que el crimen de Iguala debe ser aclarado a cabalidad, como deberían serlo todos los crímenes. Pero ninguna autoridad puede ser obligada a presentar con vida a personas que ella no se llevó y que, desgraciadamente, por todas las evidencias que conocemos, lo más probable es que estén muertas.

A lo que sí está obligada la autoridad federal —que atrajo la investigación desde principios de octubre— es a consignar a todos los culpables, a integrar bien los expedientes para que las acusaciones no se caigan y a hacer el máximo esfuerzo por recuperar las evidencias del crimen.

Pero también están obligadas las autoridades de todos los niveles a hacer cumplir la ley. Hacerse de la vista gorda para que algunos den rienda suelta a su indignación —cuando a veces ni siquiera son familiares ni compañeros de escuela de los desaparecidos quienes lo hacen—es abjurar de esa obligación.

Los maestros y normalistas en Guerrero prácticamente han paralizado las actividades del gobierno local, cuyo titular incluso ya participó en una marcha de protesta.

¿Qué harán ahora las autoridades federales y locales ante la amenaza de conculcar el derecho de los guerrerenses a elegir a sus autoridades y representantes?

Da la impresión de que esas autoridades no están haciendo caso a la silenciosa mayoría de ciudadanos que reprueba en los términos más duros los hechos de Iguala, pero que no piensa que el camino para llegar a un México más seguro y más justo sea robando, incendiando, destruyendo e impidiendo el libre tránsito.

La sociedad mexicana, yo estoy convencido, está harta de hechos como los de Iguala. Quizá el ataque contra los normalistas sea el exceso del horror, pero hay miles de casos de desapariciones y asesinatos sin resolver, y sería un desastre que todas las víctimas pretendieran tomar la justicia en sus manos.

¿Qué corresponde hacer a los gobernados? Exigir que las autoridades cumplan con sus obligaciones, pero hacerlo en el marco de la ley.