Cecilia Soto - Una relación social
Hace mucho tiempo que no teníamos un secretario de Hacienda que no fuera un Chicago Boy, la escuela de pensamiento económico que grosso modo es la responsable de la debacle financiera global de 2008-2009. El secretario de Hacienda, Luis Videgaray, compensa su paso por la sucursal mexicana no reconocida de la escuela de Chicago, el ITAM, con sus estudios en la UNAM que, como toda gran universidad pública, enriquece la vida del estudiante exponiéndolo a la gama tan amplia de alumnos y profesores de las más diversas condiciones sociales. Mejor todavía, Videgaray es exalumno del Massachusetts Institute of Technology, el MIT, la institución que más se acerca en la costa este de los Estados Unidos a esos semilleros de creatividad e innovación que son las universidades de California. Yo desarrollé un afecto y admiración especiales hacia el MIT, pues durante el tiempo que trabajé para la Fundación Carlos Slim e Inttelmex, tuve la oportunidad de conocer de cerca varios de los departamentos y proyectos más innovadores y visionarios del MIT.
Videgaray demostró con resultados mixtos que en efecto vino para hacer la diferencia. Varias de las reformas que se aprobaron bajo el Pacto por México eran indispensables. Algunas salieron mejor que el proyecto original enviado por el Ejecutivo, como la energética o la laboral, otras tienen grandes virtudes y grandes defectos como la de telecomunicaciones; otras tienen más defectos que virtudes como la fiscal, pero en las más trascendentes al parecer el negociador principal fue precisamente nuestro heterodoxo secretario de Hacienda. La actual crisis desatada por los asesinatos de Tlatlaya y de Cocula demostraron que el diagnóstico del cual partió el Pacto estaba incompleto y falló en lo tocante al corazón del buen funcionamiento de un país: el Estado de derecho, pero, por esta ocasión, no me extenderé en ese tema vital.
En diversas declaraciones, el secretario ha querido remarcar una de las diferencias que ha considerado más necesaria: que el Estado es el Estado, así con E mayúscula, y que bajo este gobierno los poderes fácticos verán mermada su influencia en la formulación y desarrollo de políticas públicas. En una interesante entrevista con la revista Gatopardo, el secretario plantea que, a diferencia de varios de sus antecesores en la cartera hacendaria, él no se reúne socialmente con los grandes empresarios. No acepta invitaciones a cenar o a comer, no los recibe asiduamente, etc. Establece una distancia —literalmente una sana distancia, me parece— con quienes, por su gran poder económico, podrían influir en sus decisiones. Con una notable excepción, esto es creíble.
Por tanto, resulta incomprensible cómo un titular de Hacienda que busca inaugurar nuevas prácticas que alejen el capitalismo de cuates de su gestión, defienda como transparente y ético su trato para adquirir una residencia de fin de semana con uno de los principales poderes fácticos del Estado de México, el grupo inmobiliario y constructor Higa. Nada hay de malo en adquirirla, ni su precio o ubicación parecen desproporcionados para un alto funcionario que desarrolló una carrera muy exitosa en el sector financiero privado; además, el secretario la hizo explícita en su declaración patrimonial. Tampoco cuestiono que la haya liquidado en enero de 2014.
El secretario argumenta que no hay conflicto de interés porque no participa en la adjudicación de contratos. Y pide, correctamente, la investigación de un organismo independiente del Poder Ejecutivo. Argumenta que el préstamo otorgado por el dueño de Higa, con quien mantiene una “relación social”, es decir, es su amigo, “no influyó en ninguna de sus decisiones”. ¿Podría una investigación determinar esta “no influencia”? ¿Tendría una investigación como la deseada por el titular de Hacienda acceso a las minutas de las reuniones del gabinete económico, de la oficina de la Presidencia o de reuniones con el Presidente de la República, en las que se discutió o evaluó el hecho de que 16 empresas se retiraran de la licitación del proyecto del tren México-Querétaro? ¿Existen esas minutas? ¿Podría asegurar el secretario Videgaray que la “relación social” cercana entre el empresario constructor, el presidente Peña Nieto y él mismo no es conocida por otros funcionarios que sí participan en la adjudicación de contratos? Y si era conocida, como es lo más probable entre un grupo tan estrecho y cerrado como el que llegó a Los Pinos, ¿cómo asegurar que ese conocimiento no influyó en la decisión temeraria de mantener la licitación a pesar de la clara protesta de las otras 16 empresas participantes?
El no funcionario Videgaray hizo una decisión errada en octubre de 2012, sabiendo que sería titular de Hacienda en seis semanas más. Lo que hizo no es abiertamente ilegal, pero es poco correcto para quien debe inspirar la mayor de las confianzas a tantos contribuyentes que miran con recelo a Hacienda. Tanto en el caso del Presidente de la República, como en el del secretario de Hacienda, se trata de cumplir no con el mínimo que permite la ley, sino lo máximo que merece México. Nos encontramos en Twitter: @ceciliasotog
*Analista política