¿A quién le interesa Guerrero?
José Buendía Hegewisch
¿Realmente a quién le interesa Guerrero? El retraimiento de la autoridad, desde la Federación hasta los gobiernos estatales y municipales, responde con elocuencia a la pregunta, aunque sea por omisión. Guerrero es una “papa caliente”, que muchos políticos prefieren no tener en su mano porque el riesgo de asumir la responsabilidad de gobierno es alta y la rentabilidad política es muy volátil. El vacío de poder ahí es una expresión del cálculo político, que prefiere dejar los acontecimientos a las inercias o hasta ceder al chantaje o a la imposición de poderes de facto. Ni siquiera el mensaje de hartazgo y la movilización social que irradió el caso Iguala al país ha servido para buscar una salida a la conflictividad. A lo más, ha movido al gobierno federal a casi declararlo un “estado fallido”, al aceptar que para el gobierno no es sostenible la gobernanza en una nación que, prácticamente, son “dos países en uno” por las desigualdades y asimetrías regionales entre el norte y el sur.
¿Alguien puede gobernar? La emergencia necesitaría una reacción del Estado igualmente excepcional que recuperara la presencia de las instituciones. Sí la hubo en Michoacán con la estrategia de la comisión especial para la pacificación de la entidad, independientemente de que ésta no haya dado los resultados deseados contra la violencia y tampoco explique cómo y cuándo regresará la normalidad institucional. Nada hay en cambio para contener la violencia en Guerrero y reducir la incertidumbre que, incluso, existe sobre las elecciones de junio próximo. Lo mismo se suceden actos de vandalismo o se reporta el secuestro de más de 200 autobuses comerciales, que se atacan inmuebles electorales bajo la consigna de boicotear los comicios por parte de inconformes con las reformas, como la CETEG y los normalistas. Pero ninguna autoridad parece interesada en arriesgar el “pellejo” para impedir la anarquía ni atender las demandas sociales o los reclamos de justicia, ni siquiera de garantizar condiciones para las elecciones que, contra todos los obstáculos, organiza el INE. El gobernador sustituto, como se ha dicho, flota a la deriva, el federal deja a la competencia estatal la responsabilidad de asegurar la elección y el Ejército y la Marina prefieren también echar el bulto a las autoridades locales, mientras que los partidos se descuajan en conflictos internos o apuestan a la rebatiña.
Guerrero, desde la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa en septiembre pasado, se convirtió en símbolo de los obstáculos para las reformas económicas del gobierno de Peña Nieto. La irrupción de esa crisis de derechos humanos e inseguridad estaba, como aceptó esta semana el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, fuera de la “planeación” oficial. La impunidad de las desapariciones forzadas en el hallazgo de fosas clandestinas y la penetración de la delincuencia en las instituciones y policías estatales, eran fenómenos fuera de “conceptualización” en las previsiones oficiales.
Ese reconocimiento habla del desconocimiento de problemas que, como la corrupción y violencia, aquejan a Guerrero desde hace décadas, al tiempo que revela una velada justificación para desistirse de ofrecer salidas a un estado consumido por la impunidad. Que está fuera del radar de los inversionistas porque 92% de los flujos al país se concentran en el norte, centro y occidente, mientras casi 8% restante lo atrae Quintana Roo y estados petroleros. Que apenas aporta 1% del PIB nacional y su mercado interno pobre apenas da para que 1 de cada 10 personas tenga empleo asalariado. Con niveles de inseguridad que la tasa de homicidios triplica la media nacional.
¿A quién le interesa? Los poderes de facto, ya sean el crimen u organizaciones gremiales como la CETEG, o también las camarillas políticas, llenan los espacios que ceden las instituciones. Mientras los partidos persisten en viejas inercias y rentabilidad política sin atisbo de renovación de prácticas políticas corporativas y clientelares. Aunque, en efecto, si llegara a interrumpirse el proceso electoral redundaría en un mayor vacío de poder, que caudillos y caciques llenarían.
Pero la ruptura de la normalidad democrática abriría escenarios que cada vez ganan más adeptos, como recurrir al estado de excepción ante la ingobernabilidad. La mejor respuesta frente a ello, sin embargo, es la reacción de la ciudadanía que se opuso esta semana a la destrucción de un módulo de credencialización del INE. Dejaron claro que ellos sí ven soluciones y que pasan por mantener su derecho a ejercer el voto.