Carlos Elizondo Maya-Serra - ¿Y después de la Tuta?
¿Y después de la Tuta?
Sólo en propiedades ya confiscadas a su grupo criminal habían acumulado una riqueza por un valor de mil 500 millones de pesos, siendo muchos predios simplemente arrebatados a sus dueños, a quienes sólo les quedó la opción de huir del estado para salvar sus vidas.
Carlos Elizondo Maya-Serra
“Cada gobierno tiene la delincuencia que se merece”. La frase es de Nazario Moreno González, quien fuera jefe de laTuta hasta su muerte en 2014. En México hemos hecho muy pocos esfuerzos para tener policías, ministerios públicos y jueces eficaces, honestos y autónomos. El espacio lo ha ido ocupando el crimen organizado.
Durante las décadas del dominio del PRI en el gobierno federal, la procuración de justicia era un instrumento más del control político. La centralización del poder, la impunidad y la discrecionalidad permitían privilegiar a los amigos y castigar a los enemigos. El modelo servía para poner ciertos límites al crimen organizado, aunque fuera usando métodos criminales. Muestra de esto fue Arturo Durazo, el jefe de la Policía de la Ciudad de México durante el sexenio de José López Portillo. Era al mismo tiempo la máxima autoridad de la policía y de la mafia capitalina.
Este modelo fue funcional para las élites que podían acceder a todos los recursos del poder político cuando lo requerían. También les permitía violar la ley, siempre y cuando no afectaran a alguien más poderoso que ellos. Al resto de la población sólo le quedaba buscar algún acceso a la escalera del poder para tratar de pedir apoyo cuando lo necesitaran. La esperanza de lograr algún favor ayudaba a disciplinar a quienes menos tenían. El modelo requería que el crimen reconociera quién era el jefe y éste a su vez tener el poder para disciplinar a los renegados.
Desde antes de la caída del priismo el crimen empieza a escalar. El caso más visible fue el del secuestro durante el sexenio del presidente Zedillo. Con la transición democrática y la descentralización del poder, menos aun funcionó el viejo modelo.
El gobierno de Peña Nieto logró un importante triunfo con la detención, sin una bala de por medio, de la Tuta, el sanguinario líder del grupo criminal más importante de Michoacán. Cuando el gobierno quiere imponerse, a la larga lo logra, aunque cuesta mucho dinero, gente y dedicación de las principales autoridades federales.
La Tuta vivía con tal impunidad que se daba el lujo de subir videos a las redes sociales para hacer sus declaraciones sin ocultar su rostro. Sólo en propiedades ya confiscadas a su grupo criminal habían acumulado una riqueza por un valor de mil 500 millones de pesos, siendo muchos predios simplemente arrebatados a sus dueños, a quienes sólo les quedó la opción de huir del estado para salvar sus vidas. LaTuta había comprado a parte de la clase política local y la había videograbado para poderla chantajear. También torturó y asesinó a 12 elementos de las fuerzas federales, haciendo pública su responsabilidad. Redituaba más sembrar miedo en la entidad que el costo de enfrentar al gobierno federal.
Esta lógica funcionó hasta que una parte de la sociedad, los llamados autodefensas, se organizaron y rebelaron contra su reino de violencia y extorsión. En ese momento el gobierno federal decidió invertir suficientes recursos en la entidad. La buena operación de Alfredo Castillo, el entonces comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral en Michoacán, permitió ir desmantelando a los llamados Templarios. Pocas semanas después de que Castillo dejara su encargo, el gobierno federal logró la detención de su líder, la Tuta, de su hermano y de varios lugartenientes.
Más de un gobierno local se encuentran rebasados por el crimen o de plano coludidos con él. Sin una sociedad con la organización necesaria como para enfrentarlo y demandar apoyos federales suficientes, las instituciones locales se seguirán pudriendo. Tamaulipas es hoy, quizás, el estado más penetrado por el crimen organizado. Guerrero es otra variante del mismo problema. El crimen organizado está detrás de la tragedia de los estudiantes de Iguala. Sin embargo, la insurgencia de los maestros no busca confrontar a los grupos criminales, como las autodefensasen Michoacán, sino imponer sus condiciones en materia educativa y tratar de alcanzar el control político en la entidad.
El gobierno del presidente Peña Nieto ha propuesto una reforma constitucional para poder intervenir gobiernos municipales capturados por el crimen organizado. Esta legislación podría permitir reaccionar más rápido frente al problema. En ese mismo sentido habría que incluir reglas para poder actuar en gobiernos estatales bajo el control del crimen. Pero con los instrumentos que se tienen hoy, cuando se decide actuar, como se vio en Michoacán, sí se tiene con qué desmantelar a la organización que domine el crimen en la entidad.
Si no se construyen instituciones locales fuertes, algo que no se ha hecho en Michoacán, y que no se resuelve simplemente decretando el mando único de policía en cada entidad, vendrá otro grupo a llenar el vacío, o varios, con lo cual incluso podría aumentar la violencia como el resultado de la lucha entre ellos. Esto no significa que no haya que apresar a los grandes líderes del crimen organizado, la amenaza que representan a la seguridad nacional es mayúscula, sino que hay que fortalecer a las instituciones locales para enfrentar los pleitos entre líderes por el control de un territorio.
Tenemos el crimen que puede florecer en nuestras corruptas y frágiles instituciones. El reto es construir instituciones fuertes, honradas y con la autonomía como para enfrentar a cualquiera que viole la ley, aunque sea un gobernador amigo del Presidente y miembro de su partido.
*Profesor-investigador del CIDE
Twitter: @carloselizondom