Línea Política 9/3/17

Por Agustín Contreras Stein

¿Y QUÉ PASÓ EN EL IPE?

LOS PROBLEMAS financieros del Instituto de Pensiones del Estado han estado presentes desde hace mucho tiempo, luego de que por diversas razones se han dado permanentes saqueos económicos al grado de que llegó a considerarse la caja chica del Gobierno del Estado.

La reserva técnica, considerada en algún momento en más de cinco mil millones de pesos, se vio reducida por los constantes prestamos que la institución hacía a la administración estatal, no siendo gran culpa de los funcionarios que dirigían este organismo, porque era la voz de quien mandaba en el Estado la que ordenaba tal o cual desvío que debiera hacerse, no quedando nada que hacer a quienes se encontraban al frente de su administración, aunque la culpa, de todos modos existía, pues quien no estuviera de acuerdo con esta situación, bien podría renunciar al puesto, cosa que ninguno de los directores que ha tenido el IPE lo ha hecho, sencillamente, por no convenir a sus propios intereses personales.

Pero en fin, el Instituto de Pensiones funciona todavía con todos los problemas que se le han detectado, sin dejar de cumplir con sus responsabilidades, puesto que a la fecha hace frente a las demandas de los pensionados, principalmente.

Es cierto, conforme pasa el tiempo, los sistemas de pensiones, en todo el país, se complican más. Existen razones fundamentales para ello, debido a que el número de trabajadores crece constantemente y consecuentemente hay corrimiento que da lugar a que la mayoría opte por las jubilaciones y las pensiones para seguir viviendo.

Veracruz junto a otros Estados de la República padece graves desfalcos en su sistema de pensiones, porque las reservas han ido disminuyendo por los desvíos millonarios y una inadecuada legislación que no le permita estar contemplado entre las mejores instituciones protectoras de los trabajadores.

Hay, sin embargo, Estados de la República que a diferencia de Veracruz no cuentan ni siquiera con un marco legal regulatorio del sistema de pensiones, por lo que se encuentran en serias dificultades para poder salir bien librados de estas obligaciones. Como ejemplo, se puede citar al Estado de Morelos, donde se han tenido que utilizar recursos provenientes de los programas sociales y participaciones federales que permiten libre acceso a sus recursos para poder cumplir con los trabajadores. Para ellos cada día que pasa se complica todavía más cumplir con las exigencias de los propios pensionados y los que están en vías de pensionarse y de aquellos que ya reciben una pensión para seguir viviendo dignamente junto con su familia.

Hay otros Estados de la República que han previsto en tiempo y forma su propio sistema de pensiones como parece ser el caso de Aguas Calientes, donde se tiene contemplada una reserva técnica que les alcanzará para los próximos ciento doce años, pero en cambio existen otras entidades, como Veracruz, que están sudando la gota gorda para poder enderezar el sistema de pensiones, porque la reserva técnica fue saqueada y cuyos recursos que fueron a dar en calidad de préstamos al gobierno del Estado, el que nunca, desde hace tiempo, vino pagando lo que le pedía, al grado de que el gobierno pasado quiso pagar al IPE la deuda pendiente, pero con bienes de dudosa rentabilidad como es el caso del Velódromo, el campo de beisbol en Veracruz, y hasta el World Trade Center, que finalmente y al parecer no fue aceptado.

La propuesta gubernamental trató en determinado momento de tapar el hoyo que por años se vino abriendo en el IPE, lo que era, de alguna manera, bien conocido por el propio Gobernador del Estado, Miguel Ángel Yunes Linares, quien fue parte de las administraciones pasadas, cuando fue priista y funcionario del mismo equipo de gobierno.

Los tiempos son distintos y de no procurarse una legislación adecuada, el Instituto de Pensiones del Estado entrará en una etapa de crisis, toda vez que conforme pasa el tiempo las demandas de los trabajadores son mayores.

Tiene que procurarse darle a las cuotas de los trabajadores el verdadero destino que tienen, para poder cubrir todas las necesidades económicas en corto tiempo, porque puede llegar el día en que no tenga los recursos suficientes para cubrir las pensiones de los trabajadores del Estado, tal y como ya se estuvo viendo en el pasado fin de año, cuando se escucharon voces en el sentido de no pagar pensiones atrasadas y aguinaldos.

AL PASO QUE VAN los legisladores veracruzanos, la reestructuración de la deuda pública pareciera que no se quiere aprobar. 

Constantemente están apareciendo una serie de obstáculos para dar paso a la iniciativa del Gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, quien podría estar pensando en otras estrategias económicas para poder cumplir con los compromisos de su administración.

Se decía que la fracción priista ya había determinado votar a favor de la propuesta gubernamental, y hasta se llegó a pensar que los habían maiceado, como ahora se maneja en el nuevo vocabulario político.

La cosa está en que la reestructuración sigue pendiente y no hay acuerdo, entre las fracciones parlamentarias para poder llegar al consenso general que permita los votos suficiente para aprobar esta especie de instrumento financiero que se piensa aplicar en la nueva administración estatal.

No ha sido fácil ni lo será en mucho tiempo que los legisladores se pongan de acuerdo, porque la mayoría de ellos desconocen totalmente en qué consiste la reestructuración y los beneficios que podría generar al Estado, y consecuentemente a los veracruzanos en general.

Existe poca preparación en algunos diputados, así como en sus propios asesores, por lo que el acuerdo no llega en virtud de que los representantes populares apenas si cursaron la primaria.

Lo primero que tienen que entender y determinar es si la reestructuración de la deuda pública es benéfica o traerá más deudas. Lo demás, tiene que ver directamente con el interés político de cada partido.

YA SE DESPIDIERON más de nueve mil trabajadores en la administración estatal, pero no se han dado las condiciones necesarias para la creación de más empleos, sobre todo buscando a inversionistas que se vengan a trabajar, con sus empresas a tierras veracruzanas.

Ya pasaron tres meses de gobierno y vamos para el cuarto mes sin que se vean resultados y cumplimiento de promesas, así como de compromisos que se hicieron durante la campaña política.

Los veracruzanos mantienen la esperanza de que tarde o temprano se cumplan sus demandas, muchas de las cuales fueron utilizadas, precisamente, para atraer el voto popular y ganar las elecciones gubernamentales.

Cierto es que las condiciones económicas y políticas que se han dado en el Estado de Veracruz son difíciles, pero hay de por medio compromisos que se tienen que cumplir, sobre todo cuando se tienen propósitos políticos para el corto plazo, así como proyectos que requieren fortalecerse en los meses por venir.

El gobierno del Estado, que ahora tendrá una administración muy corta, debiera tener, cuando menos, los primeros resultados basados en las promesas políticas de campaña. De otro modo, ningún proyecto prosperará, debido a que los veracruzanos saben cobrar bien las facturas, sobre todo en las urnas electorales.

Y MAÑANA, aquí nos encontraremos, si otra cosa no sucede.