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Retos institucionales y políticos de la elección 2018

Por Rodolfo Torres

Para efectos prácticos, la elección presidencial de 2018 ha iniciado. Se publican encuestas, se destacan los actos de quienes han manifestado su intención de contender por el cargo, se reacciona ante cada declaración de los aspirantes, y las contiendas locales, en particular la del Estado de México, se analizan con la mira puesta en las elecciones del año próximo.  

Para tal ambiente político y clima de la deliberación pública, poco cuenta que la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe) marque el próximo mes de septiembre para el inicio del proceso electoral y la jornada comicial esté programada para el primer domingo del mes de julio de 2018; según los artículos transitorios 2° de la Constitución y 11 de la Legipe.

Con excepción de Baja California y Nayarit, treinta entidades de la República celebrarán la elección de al menos un cargo local de elección popular en la misma fecha de la elección federal para la renovación de la Presidencia de la República, el Senado y la Cámara de Diputados.

Es, desde el punto de vista técnico, la elección más compleja en la historia del país. En una perspectiva política, representa la mayor concentración de disputas por el poder. Constituye, por lo tanto, un cúmulo de retos incrementados para el Instituto Nacional Electoral y sus similares de las entidades federativas. Veamos algunos.  

De acuerdo con la Legipe, el INE tendrá a su cargo la recepción de la votación popular en todo el país, tanto de las elecciones federales como de las locales. Ello hace aún más delicados los trabajos para determinar los lugares en que se instalarán las casillas. Al operarse en un esquema de casilla única, los representantes de partidos y candidatos prácticamente se duplican. No será sencillo localizar lugares con la amplitud suficiente para disponer las urnas y mamparas de modo que se garantice la secrecía del sufragio y además pueda ejercerse el derecho de vigilancia de un número superior de representantes. Por fortuna, hay buen número de entidades que ya habían venido celebrando elecciones concurrentes, de modo que la dificultad básicamente se concentrará en las que se incorporan a este esquema.  

Debido al crecimiento natural de la población en edad de votar, es decir del padrón electoral y la lista nominal de electores, los funcionarios de la Mesa Directiva de Casilla serán un número de ciudadanos superior que en el pasado. Pero resulta que la disposición ciudadana para recibir el voto de sus vecinos pareciera haber menguado. Cada vez son más numerosas las renuncias a cumplir esta responsabilidad constitucional, aduciendo motivos de salud, de trabajo, o de otra índole. Los capacitadores-asistentes electorales deberán hacer un esfuerzo aún mayor de convencimiento.

Por añadidura, la casilla única implica que, en la propia votación y en el escrutinio y cómputo, los funcionarios de la Mesa Directiva tengan presente la distinción entre las elecciones federales y la local. La situación es variada en todo el país. En algunas entidades, los ciudadanos recibirán cuatro boletas electorales, pero en la Ciudad de México, por ejemplo, las casillas recibirán la votación para seis cargos de elección popular, los tres federales y además para Jefe de Gobierno, Diputados del Congreso de la Ciudad de México, y Alcaldías.

Téngase presente que, en las elecciones concurrentes de 2015, contendieron 2,667 candidatos federales y 12,160 locales. Esas cifras crecerán significativamente, al incorporarse otras entidades que otrora celebraban comicios en una fecha distinta.  

Esta diversidad de cargos en disputa y el elevado número total de ellos en todo el país, representará una exigencia aún mayor para la función fiscalizadora a cargo del INE. En 2015, debieron revisarse 20,174 informes de campaña. Para 2018 esa cifra alcanzará no menos de 25 mil informes de ingresos y gastos de los candidatos, sin contar los correspondientes a las precampañas y cuyo número depende del método de selección interna de candidatos que haya empleado cada partido.  

El desafío no sólo tiene que ver con el cúmulo de trabajo, sino con el ambiente político que se prefigura. Debido a que el rebase de topes de gastos de campaña o el uso de recursos de procedencia ilícita constituyen causales de nulidad de la elección, el número de quejas por el uso y abuso de recursos económicos tiende a crecer en cada elección y la de 2018 no será la excepción.

En ocasiones, los candidatos buscan para sus adversarios la sanción de la opinión pública, más que la de la autoridad. Ello incrementa la presión para que el INE resuelva las quejas en materia de fiscalización de manera expedita y, sobre todo, escrupulosa y convincente. Adicionalmente, los dictámenes de fiscalización deben emitirse en el brevísimo plazo de 37 días. Obviamente, las acusaciones de rebase poblarán el ambiente político y, sin acreditarlo, se aludirá a que la fiscalización es ineficiente o de plano parcial.     

El reto más importante, porque en él se expresa la eficacia de todo el trabajo técnico desarrollado, es la emisión oportuna y certera de resultados. El escenario político de inusitada tensión política que desde ahora se prefigura en la convocatoria a las urnas, se combina con resultados de la votación donde los ganadores lo son por un margen estrecho. Podremos esperar un alto número de recuentos de votos.

Todo lo anterior exige del INE no sólo trabajos suplementarios e incrementados, sino una más consolidada calidad técnica en ellos. Sólo así logrará preservar la confianza ciudadana en que su voto cuenta y se cuenta bien.