Se hacen apuestas
¿Terminó la guerra sucia?
Por Miguel Ángel Rivera
La Procuraduría General de la República (PGR) informa que ningún integrante de la familia Vázquez Mota ha sido denunciado, ni es investigado por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita”.
El anterior párrafo fue tomado de un comunicado oficial de la PGR, dado a conocer en respuesta a una solicitud de la familia de la candidata del PAN.
En el mismo se aclara, además, que “el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita se persigue exclusivamente por denuncia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con el artículo 400 bis del Código Penal Federal, y dicha dependencia expresamente manifestó a esta Procuraduría que no denunciaba a ningún miembro de la familia Vázquez Mota, ya que la denuncia presentada el 14 de diciembre de 2015 fue hecha en contra de personas físicas y morales distintas que ninguna relación societaria o de otro tipo tienen con la Familia Vázquez Mota”.
Así se disipa una de las muchas acusaciones lanzadas como parte de la “guerra sucia” suscitada durante las elecciones de gobernador del Estado de México y, en general, durante los procesos electorales en los estados donde habrá votaciones el domingo venidero.
Otro evento de última hora en esa guerra fue la circulación de una encuesta apócrifa, en la cual se daba ventaja, ligera, a la candidata de Morena, Delfina Gómez, sobre el abanderado de la coalición PRI-PVEM-Panal-PES, Alfredo del Mazo. La falsedad de ese estudio fue denunciada por el equipo de Mitofsky, que dirige Roy Campos.
No obstante, parece ser que no se ha llegado al límite. En medios políticos se hacen apuestas acerca de cuál será la última denuncia, y contra quién, antes del momento de las votaciones.
LA COSECHA
Quien pensaba que pronto se iba a disipar el escándalo de las Afores, destapado en días recientes por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), está muy equivocado. Cada vez se suman más voces para exigirle a Carlos Ramírez, presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), aclarar y dar explicaciones sobre su responsabilidad, pues se supone que el organismo que encabeza tiene, entre otras responsabilidades, regular el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) y cuidar las cuentas personales de los trabajadores.
Sin embargo, la Consar ni su titular, Carlos Ramírez, se percataron de irregularidades hasta que la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) impuso una multa por mil 100 millones de pesos (la más alta aplicada hasta ahora) a las afores Profuturo GNP, Sura, XXI Banorte y Principal Afore, así como a 11 personas físicas, en su mayoría directivos de las mismas.
Dentro de las muchas versiones surgidas luego de la acción de la Cofece, en círculos financieros se mencionan nombres de personas allegadas a Carlos Ramírez y vinculadas con las administradoras sancionadas, lo cual, de ser cierto, supondría conflicto de intereses y un impedimento definitivo para que Ramírez permanezca al frente de la Consar.
Por lo pronto, la semana pasada, la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados, que encabeza Araceli Damián González, planteó como “política dañina” la implementada por la Consar, al obligar a los trabajadores a “pedir permiso” a las Afores para el traspaso de cuentas, pues este requisito consolida las prácticas monopólicas y afecta el rendimiento de los ahorradores.