Pascal Beltrán del Río - INE: verano peligroso

Lo que suceda en los 12 meses que faltan para las elecciones intermedias del 7 de junio de 2015 será fundamental para determinar el legado del sexenio.

El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto apostó fuerte al intercambiar la aprobación de las reformas de Telecomunicaciones y Energética a cambio de la Política-Electoral.

Los beneficios de las primeras dos podrían verse a mediano o largo plazos, pero los inconvenientes de la primera se conocerían en el transcurso de unos cuantos meses.

Planteada por la oposición como una garantía de que los gobernadores no metieran más las manos en los comicios, la Reforma Política-Electoral acabó siendo un licuado de reivindicaciones particulares sin objetivo preciso.

Mal comienza la promulgación de una ley cuando quien está encargado de aplicarla —en este caso, el Instituto Nacional Electoral— tiene que ponerse a estudiar qué pretendió decir el Legislativo en su arrebatado reformismo.

Como los partidos nunca se pusieron de acuerdo en qué querían de la reforma, y acabaron aprobando unos dictámenes en los que cada uno puso de su cosecha, los consejeros aún se están preguntando cómo se come el potaje.

No exagero: el Consejo General del INE, recién instalado, apenas está viendo qué le toca hacer, y cómo le toca hacerlo, cuando ya tiene encima la organización del proceso.

Muchas fases previas al arranque formal de la temporada electoral, como la redistritación, están suspendidas cuando, a estas alturas del año, tendrían que estar listas.

Eso ha dado lugar a una peligrosa improvisación. El INE tratará de suplir la falta de tiempo y claridad en su mandato con el talento —suficiente, en muchos casos— de sus consejeros.

Entre otras cosas, hay que aprobar reglamentos internos y crear un sistema único de contabilidad para sistematizar el torrente de reportes de ingresos y gastos que vendrá.

Anteriormente, en un año electoral, el extinto IFE podía recibir unos cinco mil reportes contables por parte de los candidatos a puestos de elección federales. En 2015, con los cambios de reglas, recibirá unos 80 mil, que presentarán los aspirantes a una variedad de cargos, desde diputados federales hasta alcaldes.

La Unidad de Fiscalización tiene 280 auditores, lo cual enfrenta al nuevo INE con la siguiente disyuntiva: o aumenta dramáticamente el número de auditores —lo cual cuesta dinero— o revisa los reportes de forma aleatoria o descentraliza las auditorías.

Una decisión que ya tomó el Instituto es cómo proceder para designar a los miembros de los llamados OPLE (Organismos Públicos Locales Electorales), que sustituyen a los institutos y comisiones estatales. La reforma dispuso que éstos tuvieran siete integrantes cada uno —sus antecesores tenían un número que variaba por estado— y que fueran nombrados por el Consejo General del INE.

La semana pasada, se formó por sorteo la comisión que se encargará de la vinculación con los OPLE y que, a diferencia del resto de las comisiones del Consejo General, debe formarse con un número preciso, y par, de integrantes: cuatro.

La presunta razón por la que el Legislativo creó una comisión en la que las decisiones podrían empatarse es para que ningún partido se volviera el fiel de la balanza mediante el consejero o consejeros que le fueran adictos.

Eso obligó al Consejo General a poner en su reglamento que, en caso de empate en la Comisión de Vinculación, la decisión se trasladara al pleno. También resolvió que esa comisión no tuviera un peso determinante en el nombramiento de los integrantes de las OPLE sino fungiera como una especie de órgano técnico encargado de aterrizar las resoluciones del Consejo.

Por cierto, el trabajo para llenar los asientos en las OPLE comenzará de inmediato, pues 17 entidades irán a las urnas el año entrante, de forma concurrente con el proceso federal.

Eso implica designar a 119 consejeros locales (17 por siete), que saldrán de entre varias rondas de descarte. Una de las rondas consistirá en entrevistas con consejeros electorales federales. La decisión tomada por el INE es que las entrevistas con cada uno de los aspirantes —cerca de medio millar, quizá— las realicen no sólo los cuatro miembros de la Comisión de Vinculación sino, por parejas, los once integrantes del Consejo General.

El INE salió bien librado de esta primera tarea herculeana, pues ni siquiera el hecho de que el presidente de la Comisión de Vinculación —el consejero Marco Baños, a quien se señala como cercano a Manlio Fabio Beltrones y al PRI— fue motivo de impugnación. Y quizá sea porque el Consejo General, encabezado por Lorenzo Córdova, tuvo el cuidado de aprobar el reglamento de la comisión antes que a sus integrantes.

¿Logrará el INE cumplir con el resto de sus tareas con la misma velocidad y pulcritud? Lo veremos. Pero más le vale, porque el Instituto ha emprendido una travesía por aguas desconocidas, y sin instrumentos, con la obligación de arribar a puerto en fecha precisa, por lo que no puede darse el lujo de encallar o extraviarse en la ruta.

Si eso le sucediera, seguramente serían los tripulantes los que cargarían con la culpa, pues quienes ordenaron la peligrosa travesía, o sea, los partidos, usted ya lo sabe, jamás se equivocan.