Pascal Beltrán del Río - Las reformas: pasado y futuro

El tema de las reformas estructurales estaba en la mente de Enrique Peña Nieto desde que gobernaba el Estado de México. Ya tenía los ojos puestos en la posibilidad de alcanzar la Presidencia de la República.

Como escribió él mismo en un artículo que se publicó en Excélsior y otros medios el pasado miércoles 13, Peña Nieto planteó públicamente el tema desde principios de 2010.

En ese año del Bicentenario, el entonces mandatario mexiquense expresó que la ausencia de reformas durante la década anterior tenía que ver con la dificultad para construir mayorías.

“Sin mayorías, se pierde la capacidad de decidir y transformar, lo que termina por erosionar la capacidad para gobernar”, escribió por aquellos días.

Y agregó: “Sin definiciones, el propio sistema democrático es vulnerado ya que se vuelve incapaz de cumplir con las necesidades y expectativas de la población”.

Aquel diagnóstico, apuntó hace unos días el hoy Presidente, fue parte de “un conjunto de ideas para proponer soluciones concretas a los grandes problemas nacionales”.

En 2010, el pensamiento de Peña Nieto apuntaba a la creación de mayorías por la vía de la cláusula de gobernabilidad o la eliminación del techo de sobrerrepresentación legislativa, ideas que no prosperaron en las negociaciones para las reformas político-electorales del sexenio pasado.

Pero hubo una ruta alterna, la del Pacto por México, que permitió la aprobación de once reformas estructurales, mismas que, dice hoy, “habían sido aplazadas por décadas y que ya son realidad”.

Aunque la propuesta del Pacto surgió en la esfera de la actual oposición y no en la del PRI, el Presidente supo aprovecharla y encontró, en la alineación de los incentivos de los tres principales partidos políticos, la manera de romper el empantanamiento del Congreso, que para 2012 ya había cumplido 15 años.

¿Pero qué significan esas once reformas, consistentes en “58 modificaciones a la Constitución, 81 cambios a diversas leyes secundarias, 21 ordenamientos jurídicos nuevos y 15 abrogados”?

¿Son la llave que necesitaba el país para poner en marcha todo su potencial? ¿Son apenas una puesta al día, muy retrasada, de México en el contexto global? ¿O son un instrumento de mayor concentración de poder político y económico?

No es fácil saberlo hoy porque una cosa son las intenciones y otra, los resultados.

Buena parte del éxito o fracaso de las reformas reside en su implementación. Y ésta depende del buen funcionamiento de las instituciones que vigilarán el cumplimiento de los nuevos ordenamientos, pero también de la materialización de lo que los juristas llaman (Hans Kelsen, la jerarquía de las leyes) los niveles normativos “C” y “D”.

Siendo el nivel “A” la Constitución, los tratados internacionales y las leyes reglamentarias, y el nivel “B” las leyes ordinarias, el éxito o fracaso de las reformas depende realmente de los niveles “C” (norma regulatoria: reglamentos, manuales, normas oficiales, etcétera) y “D” (norma de imputación: resoluciones judiciales y administrativas).

“La norma terciaria es la única efectiva por concreción”, me dijo el gran abogado José Elías Romero Apis. “El que la ley me dé derecho a vender mi casa no quiere decir que la vaya a vender, que la pueda vender y mucho menos que la vaya a vender bien. Eso último depende sólo de una cosa: el contrato”.

Por eso no hay que perder de vista, en el tema de la Reforma Energética, el perfil de los hombres y mujeres que conducirán el proceso: miembros de órganos reguladores y consejeros de Pemex y la CFE.

Pero tampoco, los reglamentos que recaen en el ámbito administrativo, y que serán publicados a más tardar en octubre, de acuerdo con lo que anunció el Presidente la semana pasada en Palacio Nacional. Por ejemplo, el otro día me decía un avezado especialista que la norma oficial para quienes quieren concursar en la producción de crudo (vigente desde la tenue Reforma Energética del sexenio anterior, para regular los llamados “contratos incentivados”) pone muy alta la barra en materia de experiencia.

Sería desastroso para esa reforma, creo yo, que sólo las grandes petroleras internacionales pudieran participar en las licitaciones y no hubiera un plan para conformar una industria petrolera mexicana.

Ojalá no repitamos en el sector de la energía el esquema de la apertura del sector financiero, que benefició sobre todo a los pesos completos de la banca internacional. 

Pero antes de ir al futuro, volvamos al pasado. En su libro que está en circulación, el expresidente Felipe Calderón felicita al actual gobierno por la aprobación de la Reforma Energética, pero deja sembrada la duda de por qué en el sexenio pasado una propuesta similar no transitó (como dicen los políticos) con el PRI, si muchos de los personajes que ayudaron a aprobar las actuales reformas siguen en el Congreso de la Unión y si ya existían razones para cambiar el paradigma energético del país.

¿Fue una falta de capacidad política de Calderón o se impuso la lógica de no aprobar nada que ayudara al partido que entonces estaba en el poder?

Para saber qué esperar en el futuro, es una pregunta, entre otras, que merece respuesta.