Ignoran a huelguistas

* Persisten bloqueos al bulevar Ruíz Cortines y afectaciones a la vialidad

* Sergio Lorenzo Quiroz  les asegura respaldo total, pero ya no le creen

*Héctor Cruz Rodríguez, tiene comprado al Ministerio Público y aquí no pasa  nada

Pese a que la tarde del martes, el alcalde y Secretario General de la Sección Número 30 del Sindicato Petrolero Sergio Lorenzo Quiroz Cruz, hizo un gesto de acercamiento hacia los manifestantes para expresar su “respaldo total”, los jubilados que reclaman una solución definitiva al vil robo cometido en su agravio por Héctor Cruz Rodríguez y Donaciano Ortiz Hernández, una vez más bloquearon el bulevar Ruiz Cortines provocando un gigantesco caos vial.

Juana Muñoz Benavides, una de las manifestantes calificó el gesto del munícipe como mediático y no una solución real a sus demandas para la recuperación de los ahorros y exige que se dé una solución real al conflicto que tiene a cientos de familias sumidas en una crisis generada por la ambición de ambos exdirigentes.

“Fue nada más para calmar ánimos, nosotros queremos hechos”, señaló, “solo fueron promesas, y no se resolvió nada; la prueba está que estamos aquí”, con 12 grados de temperatura y con más de 60 años encima, “a los compañeros que están en huelga de hambre no les han hecho caso, así que lo que diga Sergio, no es cierto”, acotó.

Juana, como miles de petroleros jubilados fueron víctimas de un multimillonario fraude maquinado por Héctor Cruz Rodríguez y compañía a través de la caja de ahorros Solidaridad A.C. y desde hace tres años aproximadamente quienes en el confiaron no reciben ni los intereses de sus ahorros mucho menos el capital que el global sumaría unos dos mil millones de pesos.

Contrario a la miseria en la que hoy viven quienes en mala hora depositaron en dicha caja lo que durante toda una vida ganaron Héctor Cruz Rodríguez, no solo se da la gran vida, sino que junto con sus familiares y amantes hoy es dueño de múltiples propiedades, autos de lujo y cuentas en el banco.

Convertido en terrateniente, próspero empresario y propietario de residencias y autos de lujo, Cruz Rodríguez se pasea impunemente, mientras cientos de familias luchan por llevarse un pan a la boca luego de que los dejó en la calle al apoderarse de sus ahorros de toda la vida, confiado en que cuenta con la protección de autoridades corruptas y políticos a los que financió campañas, acusan los propios ahorradores.     

Mientras algunos jubilados que invirtieron todo su capital en la caja de ahorros Solidaridad, apenas cobran tres pesos por los descuentos que les hacen con el concepto de “Cuota Sindical”; Héctor Cruz Rodríguez, responsable del fraude que tiene a cientos de familias en la miseria, lucha por recuperar el control de dicha asociación para explotarlos aún más.

Mientras tanto, los ahorradores y los inversionistas siguen reclamando que su otrora dirigente devuelva los millones de pesos que ellos ahorraron atraídos por la máscara de honestidad que siempre mostró este sujeto muy asiduo en sus discursos a criticar a Donaciano Ortiz Hernández, pero de quien aparentemente aprendió muy bien las mañas.

Héctor Cruz aún no explica a dónde fueron a parar alrededor de 400 millones de pesos que, con el objetivo de presumir el origen de la impunidad que lo protege, ha señalado ante sus allegados que prestó, previa firma de pagarés, a un Senador de la República por Veracruz, empresarios, políticos, líderes del PRI y hasta un exsecretario del gabinete, lo que a base del silencio cómplice lo mantiene operando en la impunidad y con la confianza de que no será llamado a cuentas. “He pagado varias campañas, si me hagan algo, yo publico los pagarés”, dice, en privado, el hombre que ha caído en los excesos que alguna vez acusó de Donaciano Ortiz Hernández.

MINISTERIO PÚBLICO SOLAPADOR

Pese a existir sendas denuncias en contra de Héctor Cruz Rodríguez, el Ministerio Público encargado de la investigación, Alberto Vicente Torres Rivera, amafiado con abogados, solo ha dado largas al asunto y hasta el día de ayer ni siquiera había llamado a declarar al acusado, pese a los miles de millones de pesos que hay en juego, situación que mantiene a los afectados sumamente indignados al grado de que han dejado de creer en la justicia pronta y expedita.

La historia de la investigación ministerial PZR4/197/14, que se deriva de la denuncia arriba mencionada, y que está a cargo de Alberto Vicente Torres Rivera, es la de otras muchas: se enmohece en los archivos de la agencia cuarta del Ministerio Público del fuero común porque a este fiscal y al agente quinto, Rodolfo Lira Cruz, quien también investiga los hechos, poco les interesa que se desahoguen las diligencias, finalmente, el patrimonio de cientos de jubilados y sus vidas no tienen importancia para estos ejemplares servidores públicos.    

Es tal la protección que se brinda a Cruz Rodríguez por parte de las instancias procuradoras de justicia que recientemente algunas personas fueron querelladas por este y en menos de 24 horas fueron requeridas, mientras que la denuncia en contra él, duerme el sueño de los justos y quienes conocen del caso solo lo molestan para pedirle dinero y así continuar retardando las investigaciones, pues aquí como en cualquier fiscalía el que paga manda.

Los jubilados amenazan con realizar marchas contra dicho servidor público, al que acusan de actuar de forma dolosa para favorecer a Cruz Rodríguez “tal parece que tiene consigna para protegerlo, mientras que a nosotros, como agraviados, apenas nos hacen caso y nos ponen trabas para dar curso a la investigación”.