Freno a robos de grúas Tauro

Ciudadanos emprenden cruzada para poner freno a abusos de la compañía operadora de los camiones remolcadores; Francisco Sánchez Marín les brinda descarada protección 

Atracan a automovilistas y se llevan autos aún cuando hay personas en su interior, no expiden comprobantes fiscales, sino simples recibos; cobran 750 pesos, pero solo reportan 140; piden al SAT que investigue a la empresa

Por CARLOS HASCHMED NAVA

Cansados de los constantes abusos cometidos por el personal de Grúas Tauro, el cual actúa amafiado con agentes de la Delegación de Tránsito, un grupo de ciudadanos pozarricenses inició una cruzada contra dicha empresa y exigen que le sea retirada la concesión para evitar más extorsiones a automovilistas.       

En un oficio dirigido a diferentes autoridades desde la Presidencia de la República, hasta la Dirección de Tránsito del Estado, en el que los 200 firmantes exigen a las autoridades poner fin a los abusos cometidos por personal de esa empresa particular, que sin ser autoridad impone su ley ante los indefensos automovilistas.

Grúas Tauro tiene un largo historial de quejas por acciones ilegales permitidas por todos los delegados de Tránsito, desde su inicio de operaciones hace más de 15 años, extrañamente, ninguna autoridad logró frenarlos.

Alejandro San Román López, quien se ostentó durante esos años como propietario de dicha empresa, pasó de ser un oscuro abogado a un terrateniente potentado, gracias a su estrecha relación con el extinto empresario periodístico, Raúl Gibb Guerrero. 

Tauro era beneficiaria única de los servicios de grúas para la Delegación, cuando el mismo San Román López fungió como delegado de Tránsito, sin que nadie protestara por el evidente conflicto de intereses.

Cabe recordar que la concesión original del servicio de grúas otorgada a Tauro se encuentra inmersa en un pleito legal, luego de que le fuera arrebatada hace más de 15 años a otra empresa, cuyo propietario inició dicho litigio.

Hoy en día, Grúas Tauro aparece a nombre de Carmen Amelia Barra Guerrero, con el RFC BAGC620716RU1 quien, por cierto, es viuda del difunto Raúl Gibb Guerrero, pero no se sabe si pertenece al régimen de incorporación fiscal o uno inferior, porque sus empleados no emiten comprobantes fiscales y éstos no cuenta con el número de Permiso de la Dirección de Tránsito del Estado.

Así, los 700 pesos que suelen cobrar por el arrastre no son ingresados a la Sefiplan, a través de la oficina local de Hacienda, ni a un banco, porque los pagos se deben realizar en las instalaciones de Grúas Tauro, ubicadas en calle Dos, sin número, de la colonia Cazones, situación que no parece incomodar al delegado de Tránsito, Francisco Sánchez Marín, quien llegó al cargo con la promesa de transparentar la actuación de sus elementos y poner fin a los abusos de Tauro, lo cual resultó una gran mentira.

“Lo sorprendente es que la multa no se paga en Hacienda del Estado o en la ventanilla de un banco”, señala uno de los inconformes, quien se pregunta “¿a dónde va a parar todo ese dinero? ¿a quién beneficia?, ¿por qué Tránsito se los permite?”.

Los elementos de Tránsito y los operadores de las grúas, actúan como verdaderos asaltantes, como si se tratara de cumplir con una cuota, circulan por el primer cuadro y las principales avenidas de la ciudad para remolcar cuanto vehículo encuentren estacionado en sitios prohibidos “a criterio de la autoridad”, lo que ha generado la molestia de los conductores.

 Al amparo de la impunidad que les representa llevar a un agente de Tránsito en la cabina, los operadores de grúas aprovechan para estacionarse en doble fila y hasta arrancar a toda velocidad y brincarse los topes frente a la escuela primaria “María Enriqueta” y otros lugares del centro de la ciudad, hasta las avenidas más retiradas del centro de la misma.

Las quejas tienen que ver principalmente, con el retiro de unidades automovilísticas que no necesariamente se encuentran estacionadas en lugares prohibidos, sino que la sanción se aplica a criterio de los agentes de Tránsito y Vialidad o de los operadores de los camiones de arrastre.

Lo lamentable, señalan algunos automovilistas, es que al acudir a la Delegación de Tránsito y Vialidad, son tratados con despotismo por el personal administrativo y solo se limitan a decirles: “vaya a lo de las grúas, allá pague si quiere su auto”.