Despojados por los 400 Pueblos, amenazan con “encuerarse”

Desde hace ocho años fueron desalojados de 800 hectáreas y pese a denuncias no hay arreglos a sus demandas

Por: Jesús Rodríguez.

Poza Rica

Habitantes del municipio de Álamo denunciaron que hasta el momento las autoridades estatales no los han ayudado para solucionar el conflicto legal por tierra que han enfrentado desde hace ocho años, luego de que César del Ángel, con la organización de los 400 Pueblos los despojaran de por lo menos 800 hectáreas de terreno, y señalaron que por la impunidad con la que opera dicha organización, están dispuestos a “desnudarse”, con el propósito de que las autoridades les hagan caso.

Se trata de los habitantes de las comunidades de El Guayabo y Nuevo Álamo, de donde fueron desalojadas 84 familias, describió Damián Cuervo Méndez, uno de los afectados por esta situación, y quien inclusive ha llegado a ser detenido por elementos de seguridad, cuando ha decidido realizar alguna acción de protesta.

“Nos venimos a Poza Rica porque en la región de Álamo, no nos hacen caso”, señaló Damián Cuervo, quien acusó de esta situación al Diputado Local, Marco Antonio del Ángel Arroyo, de bloquear todos los trámites o gestiones para que su denuncia avance.

“Las autoridades no hacen nada, las autoridades se prestan a esto que hacen los 400 Pueblos, lo permiten las autoridades, no sé qué va a pasar, llevamos varios años viviendo en la calle”, señaló Damián Cuervo, quien señaló, tanto al dirigente César del Ángel, como el diputado Antonio del Ángel “les permiten que se encueren muchachas jóvenes, y no le hacen nada”.

Describe que originalmente eran 84 familias las que fueron desalojadas de terrenos de las comunidades El Guayabo, y del Ejido Nuevo Álamo, en donde se contaba con una extensión territorial de casi 800 hectáreas, las cuales habían sido donadas durante el Gobierno de Dante Delgado y también con recursos de la Secretaría de la Reforma Agraria, lo anterior hace ocho años, sin embargo hasta la fecha, no se les ha resuelto nada.

Los inconformes fueron atendidos por el titular de la oficina de la Subsecretaría de Gobierno, Andrés Ortiz Solís, quien señaló que está es una problemática que debe de atenderse de forma legal y que de hecho el caso actualmente es observado por un juez federal, correspondiente al expediente 742/2012, y que tardará tres meses para reintegrarlo a tribunales estatales; sin embargo, señaló que de nueva cuenta serán canalizados a la capital del estado para que el problema sea atendido.