Corruptelas en Patrimonio del Estado
-José Francisco Reyes Jiménez hace de la Ley 59 jugoso negocio en Poza Rica
Amparado bajo la Ley 59 para la enajenación de predios de interés social, el delegado Regional de Patrimonio del Estado, José Francisco Reyes Jiménez ha encontrado un jugoso negocio, que le ha permitido incrementar su fortuna mal habida, despojando de sus predios a decenas de familias y revendiéndolas al mejor postor; ciudadanos exigen su inmediata destitución y se realice una investigación en los casos denunciados.
En más de una ocasión, los ciudadanos afectados han dejado al descubierto la gran cantidad de fraudes realizados por el flamante delegado, que se aprovecha de cientos de familia de escasos recursos que no cuentan con el recurso necesario para construir una vivienda digna, cuyo predio les es embargado por José Francisco Reyes Jiménez.
Quienes denunciaron este hecho en su momento ante el Ministerio Público, fueron 70 familias del asentamiento irregular denominado “Primavera”, quienes en pleno acto de entrega de escrituras a ciudadanos de la colonia Lomas Verdes, se encargaron de poner al descubierto el abuso impune del rapaz funcionario.
Los afectados indicaron que en mayo de 2014, el delegado desalojo con el uso de la fuerza a más de 70 familias, destruyendo sus viviendas a punta de machetes, picos y palas, para posteriormente ofertar los lotes a quienes estuvieran interesados.
Pese a que las autoridades locales y estatales tienen conocimiento de este hecho, nada hicieron para investigar los malos manejos del funcionario, quien ostenta protección en el Congreso de un ‘padrino’ político que en momento también fue alcalde de esta ciudad y a quien le debe el puesto.
Los habitantes del asentamiento irregular “Javier Duarte de Ochoa” en la colonia Poza de Cuero, también denunciaron al delegado de Patrimonio del Estado, por despojar de sus viviendas a un promedio de ocho familias con el uso de la fuerza extrema.
De acuerdo con los afectados, por instrucciones de Francisco Reyes Jiménez, al lugar acudieron civiles protegidos por elementos de la Fuerza Civil, quienes destruyeron sus hogares que habían construido las familias pobres desde hace más de cinco años.
Afirmaron que Patrimonio del Estado orquestó los desalojos para ser beneficiado económicamente por uno de los grupos que se disputa el predio de tres hectáreas, prometiéndole la escrituración del mismo a cambio de dinero producto de la venta de los lotes, que se ofertan en 15 mil pesos.
Son innumerables las denuncias de corrupción en contra del delegado regional, ya que es bien sabido que quienes tienen la intensión de escriturar sus predios, deben darle su respectiva “mordida” al funcionario, ya que de lo contrario busca bajo el amparo de la Ley 59 la manera de despojarlos de sus lotes y revenderlos.