CNDH emite recomendación por desaparición de jóvenes
-Pide al alcalde una disculpa pública y al gobierno estatal implementar acciones para combatir los altos niveles de violencia
DE LA REDACCIÓN
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), emitió este fin de semana, la recomendación 6VG/2017, al Gobierno de Veracruz, a la Fiscalía General del Estado y al Ayuntamiento de Papantla, en torno al caso de la detención y desaparición forzada de tres jóvenes presuntamente a manos de la policía de aquel municipio, ocurrida el 19 de marzo del 2017.
Dentro de los puntos emitidos por la CNDH, se solicita al alcalde de Papantla, Marcos Romero, ofrecer una disculpa pública institucional a las víctimas indirectas del caso, con la presencia de la Comisión Nacional, así también instruir a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal para que realice un diagnóstico que permita determinar si los policías municipales cumplen o no con los perfiles requeridos para su empleo, cargo o comisión y, de apreciar circunstancias irregulares, se proceda conforme a derecho corresponda.
La CNDH recomienda también seis puntos al gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, donde pide al gobierno estatal implemente en un plazo no mayor a seis meses, acciones a través de políticas públicas adecuadas para solucionar y combatir los altos índices de violencia y criminalidad que imperan en el Estado de Veracruz, y se remitan al Organismo Nacional, las constancias con que se acredite su cumplimiento.
Así también elaborar, dentro del término de 6 meses, en coordinación con las autoridades del Ayuntamiento de Papantla, programas específicos de prevención del delito, poniendo especial atención en las zonas de ese municipio identificadas con mayores índices de criminalidad, y se remitan a la CNDH las constancias con que se acredite su cumplimiento.
En el caso de la Fiscalía General del Estado, encabezada por Jorge Winckler Ortiz, la comisión realiza 8 recomendaciones a la dependencia estatal; destacando se implementen cursos de capacitación a agentes del Ministerio Público, policías investigadores y personal de servicios periciales, que con motivo de sus funciones, tengan contacto con víctimas indirectas de los delitos de desaparición forzada de personas y de desaparición cometida por particulares, a efecto de que cuenten con los conocimientos, formación y sensibilidad requerida para brindarles un trato digno, y para que promuevan, respeten, protejan y garanticen el ejercicio efectivo de sus derechos humanos.