Ecocidio institucionalizado
SIGMA, el gran destructor
Ecocidio institucionalizado
Amparados en una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) que ya feneció y violando los términos del mismo, se aprestan a derribar 100 árboles, ante la complacencia del municipio
Negligencia de sus ingenieros los obligó a modificar el trazo del distribuidor vial y extenderlo más de 40 metros, cuando el margen de error permitido por la NOM debería ser de (-+) 1 metro
Por CARLOS HASCHMED NAVA
La negligencia de la compañía SIGMA Constructores, encargada de la edificación del distribuidor vial elevado, y la complicidad de autoridades de los tres niveles de gobierno, avalan lo que ya es calificado como un ecocidio institucionalizado, luego de que anunciaron que derribarán 100 árboles del camellón del bulevar Adolfo Ruiz Cortines.
Plagada de irregularidades, la construcción del distribuidor vial en el centro de la ciudad presenta una cara más de los vicios ocultos en la obra realizada por la empresa tamaulipeca, que ha sido duramente cuestionada por edificaciones similares que dejó inconclusas en aquel estado, o cuyos contratos les fueron retirados por inconsistencias técnicas.
La más reciente muestra de estos abusos se dio en días recientes cuando Silvia Adriana Ortega Galindo, regidora de Ecología, aseguró que el proyecto de Impacto Ambiental fue aprobado por Víctor Alvarado Martínez, titular de SEDEMA, meses antes de declarar el camellón del bulevar Ruiz Cortines como Área Natural Protegida, en calidad de Andador Ecológico.
“Cuando se hizo el estudio de impacto ambiental para el inicio de obra ya estaba previsto el área hasta la calle Costa Rica, sólo que en el primer avance de la obra no lo expresaron; Víctor Alvarado admite el área protegida y por otro lado, ya sabía que se iban a derribar”, expuso en su momento la edil.
Lo que Ortega Galindo nunca explicó es que el Manifiesto de Impacto Ambiental MIA-041-2012, fue emitido a favor de la obra del distribuidor vial elevado “para el derribo de 227 árboles de diferentes especies en el tramo de 500 metros que corresponde al bulevar González Ortega y 900 metros, del bulevar Adolfo Ruiz Ruiz Cortines…”.
Los árboles fueron derribados previo al inicio de los trabajos en los frentes respectivos, sin embargo, la compañía pretende derribar 100 árboles más amparados en el mismo MIA, “lo cual es totalmente ilegal, advirtió el ingeniero Martín Vizcarra Pérez, presidente de la asociación Hola Civil.
“Esta asociación busca fomentar la participación activa de los ciudadanos para hacer avanzar las agendas y propuestas más importantes de la sociedad civil en muchos aspectos relevantes como la seguridad ciudadana, desarrollo sustentable, la juventud, la inclusión de las personas con discapacidad, la transparencia y la rendición de cuentas, la no discriminación y el respeto a los derechos humanos” detalló Vizcarra Pérez.
Sobre el tema, el presidente de Hola Civil agrega, “la compañía Sigma está incurriendo en un delito de orden federal y los funcionarios que le permitan el derribo de esos árboles caen en el incumplimiento de un deber lega, que también es un delito porque éstos (los árboles a derribar) no están contemplados en el MIA señalado, y más aún si se considera que éste ya feneció y tendrán que solicitar su ampliación”, señaló enfático.
“Por principio de cuentas, lo que se ve aquí es un total desaseo en el actuar de las autoridades y de la propia compañía y su desprecio por la conservación de especies arborícolas, de aves y todo un ecosistema que se genera alrededor de esos árboles y, peor aún, mutilan el único pulmón que le queda al centro de la ciudad, es tan inexplicable como indignante”, reprocha Vizcarra Pérez.
“También es de recordar que aunque el área de vuelve, de algún modo, intocable, SIGMA y el municipio tienen la opción de solicitar un nuevo permiso a Sedema, sin embargo, quieren trabajar con una autorización cuya vigencia que ya venció”, acota el activista social, quien advierte que, de hacerlo así, “estarán cometiendo el delito ambiental en la modalidad de derribo de árbol en área natural protegida".
Vizcarra Pérez señala como referencia el artículo 418, del Código Penal Federal, Titulo Vigésimo Quinto, Delitos Contra el Ambiente y la Gestión Ambiental, en su Capítulo Segundo De la biodiversidad, el cual establece “Se impondrá pena de seis meses a nueve años de prisión y por equivalente de cien a tres mil días multa, siempre que dichas actividades no se realicen en zonas urbanas, al que ilícitamente: I. Desmonte o destruya la vegetación natural; II. Corte, arranque, derribe o tale algún o algunos árboles, o III. Cambie el uso del suelo forestal.
El mismo Artículo señala, también, que “La pena de prisión deberá aumentarse hasta en tres años más y la pena económica hasta en mil días multa, para el caso en el que las conductas referidas en las fracciones del primer párrafo del presente artículo afecten un área natural protegida.
“El MIA fue autorizado el 13 de julio de 2012, su vigencia era de un año y resulta que hasta mayo de 2014 anuncian que derribarán más árboles” acusa Vizcarra Pérez, quien agrega que Hola Civil ya presentó una denuncia formal ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) con la cual se iniciará una investigación de hechos para deslindar responsabilidades”, finalizó.