Dejan en incertidumbre jurídica a campesinos

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-Desde hace nueve años el Gobierno del Estado les compró terreno para vivir, pero a quien se le dio el dinero, no lo entregó

Por Jesús Rodríguez

Unas 25 familias que habitan el terreno denominado La Suavia y la comunidad de Militar Agrícola, ubicado entre los límites entre Coyutla y Coatzintla, que comprende una extensión de 100 hectáreas de terreno, permanecen en la incertidumbre jurídica, después de que el predio que ocupan no puede ser escriturado, pues a pesar de haber sido pagado por Gobierno del Estado, los recursos no llegaron al banco que intervino en la transacción.

Los representantes de las 25 familias afectadas a consecuencia de esta situación, se presentaron ayer martes ante los juzgados civiles de Poza Rica, para avanzar en el litigió que interpusieron para reclamar los terrenos, dada la ocupación que realizan de los mismos, desde hace varios años.

Sin embargo, reconocen que no pueden llevar a cabo la escrituración de los predios, debido a que el recurso económico que se destinó por el Gobierno del Estado para la liquidación de los predios, nunca llegó a la institución bancaria Banorte, con quien se realizó la transacción.

Explicaron que los recursos económicos fueron entregados mediante un cheque de la administración veracruzana hace nueve años, y que se recibió por Agustín Bauza del Mazo, quien finalmente, no entregó los fondos a la institución bancaria, por lo que la misma, procedió a hipotecar las 100 hectáreas que hoy ocupan.

Yolanda García López, vecina y afectada por esta situación explicó que cuentan con la copia del cheque emitido por la administración estatal, en su momento, el cual recibió Agustín Bauza del Mazo, y finalmente, hasta el momento, no cuentan con la legítima propiedad de los predios, pues por no haberse pagado el predio, este permanece hipotecado.

Ante ello, indicó que buscan la prescripción positiva de los terrenos que ocupan, para lo cual están buscando el respaldo de las autoridades judiciales, por lo que interpusieron los recursos jurídicos correspondientes, en el afán de solucionar sus necesidades.