Temor en el Mercado PR

Hay alrededor de 16 órdenes de aprehensión en contra de los locatarios y tres órdenes de ejecución de desalojo: LUDA

Por Isaac Carballo Paredes

Poza Rica

Prevalece el temor entre los locatarios del Mercado Poza Rica, por las 16 órdenes de aprensión que se han  girado en contra de varios mercaderes, aunque aún no han sido notificados por los agentes de Ministerio Público; el secretario general de la Unión de Comerciantes del citado zoco, no descartó que los juzgados también se estén prestando al “juego sucio” de Candelario García Urbina.

Se presume que hay órdenes de aprehensión para 16 locatarios que han perdido los juicios con el supuesto apoderado del citado zoco, por lo que ya se encuentran investigando en el MP, si las órdenes son efectivas.

Luis Daniel Fuentes Reyes, subrayó que la situación al interior del mercado es sumamente complicada, ya que tan sólo el jueves pasado se giró de nueva cuenta una orden de desalojo a un comerciante y que fue frustrada por la resistencia civil que ejercen los comerciantes.

“Aunque hay órdenes de desalojo y se perdieron juicios, la manera de defendernos es esta, una resistencia civil pacífica en espera de que sean los mismos locatarios quienes se defiendan para recuperar sus locales por la vía legal”, dijo.

Son siete casos que ya se encuentran perdidos y tres órdenes de ejecución de desalojo, que están siendo revisados jurídicamente para evitar que los mercaderes pierdan sus locales, luego de 24 años de laborar en ellos.

LUDA afirmó que continuarán trabajando para ganar los juicios por la vía legal, pagando la hipoteca del terreno en previa mesa de trabajo con Candelario García Urbina, una deuda real que está por el orden de los dos millones y medio más otros impuestos.

Con respecto al apoyo que han recibido por parte del Ayuntamiento, Luis Daniel Fuentes Reyes, aseveró que las autoridades sí se han solidarizado con los locatarios, pero solo como mediadores y en lo que respecta a los procesos administrativos,  ya que es un mercado privado, tal y como lo estipula la escritura pública de 1990.