Entre irregularidades del DIF y posible corrupción disputan custodia de niño

DE LA REDACCIÓN

Menor de edad es víctima de posibles actos de corrupción en el Juzgado Octavo de lo Familiar; su familia paterna pide la custodia o resguardo al enfrentar como víctima un proceso de posible abuso erótico sexual.

En este caso intervino la exprocuradora del DIF en esta ciudad, Ana Elena Álvarez Ramos, como juez y parte, fue asesor legal de quienes piden justicia y antes de concluir su función emitió resolución para entregar al menor a la madre, sin respetar el dictamen de un amparo federal.

José Ramón H. G. e Iris A. D. V. G., son padres del menor procreado hace siete años, ellos culminaron su relación, se llegó a un acuerdo ante el DIF de Papantla para que el padre realizara, puntualmente, la pensión alimenticia y la madre tuviese la custodia en domicilio de ese municipio.

De acuerdo con Ramón Hernández, abuelo del menor con fecha del 29 de mayo del 2015, el menor le comparte que fue víctima de posible abuso erótico sexual, por un familiar materno cercano, también menor de edad.

Esto derivó que se iniciara la denuncia correspondiente ante la Fiscalía de Responsabilidad Juvenil, siendo servidor público, Pablo Montiel con la carpeta de investigación 031/2015. Se le realizó al menor agraviado los exámenes correspondientes, en el proctológico se dio por dictamen negativo, pero de forma contradictoria con el psicológico, fue positivo.

A esto siguió una denuncia de la mamá del niño contra su expareja, en el argumento que incumplía con la pensión alimenticia y cometía el delito de omisión de cuidados, situación de la que ante alegatos, terminó siendo absuelto por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia.

Ante la situación don Ramón Hernández, su esposa y su hijo acudieron al DIF de Poza Rica, para solicitar la asesoría de la entonces procuradora de la Defensa del Menor y la Familia, Ana Elena Álvarez Ramos, quien les dijo solidarizarse con ellos y ofreció, indebidamente, sus servicios profesionales por tres meses, cobrando por sus servicios, documento que lo avala emitido por ella misma como representante legal, pero ante los nulos resultados decidieron cambiar de abogado.

Mencionó el abuelo paterno que este caso fue remitido al juzgado octavo de lo familiar, a cargo de Benito Vergara Morales, entre varias carpetas que se han abierto en relación al caso, provocando serie de confusiones y de posibles actos de corrupción con el secretario de acuerdos, Antonio Sobrevilla, ya que se han presentado irregularidades con fechas en desorden de los acuerdos emitidos por el juez, ya que para la defensa por la custodia y protección del menor, se le solicitó bajo amparo al Juzgado Décimo  Primero de Distrito, según juicio 411/2016, la intervención de la justicia, ya que antes de concluir su periodo como Procuradora de la Defensa del Menor, Ana Elena Álvarez, envió documento como servidora pública para que se haga entrega del menor a la madre, sin tomar en cuenta el proceso por el delito de abuso erótico sexual y pese a que les fue otorgado el amparo, donde se dicta que el juzgado debió dictar nueva resolución, donde se deba proteger al menor y se le otorgue el depósito al padre José Ramón, exigiéndole a la entonces procuradora del DIF Municipal de Poza Rica, que actuara en favor del menor a lo que le convenga.

Entre otras irregularidades, explicó el señor Hernández A., que el expediente se dio por extraviado en los juzgados civiles de Poza Rica, durante el mes de enero de este año, según consta en las búsquedas realizadas y apareció hasta el 8 de febrero dando por ejecutoria el dictamen del Juzgado Cuarto de Primera Instancia y no lo que determina el juez federal, tras amparo concedido.

Como abuelo del menor, don Ramón clama justicia, ya que es la integridad emocional del menor lo que está de por medio, debido a que aseguró que la madre del menor actúa de forma irresponsable en la atención de su propio hijo, esto por informes recabados y que se han encontrado situaciones anómalas, donde la exservidora del DIF actuó en doble función en relación al caso, detalle que ha hecho omiso el juzgado civil,  pese a tener las pruebas emitidas por la personalidad de la también exasesora legal de esta familia.