La reforma energética

Opacidad en el manejo de recursos, control de los medios de protección al ambiente a favor de las empresas y la expropiación de tierras, algunos de los peligros a los que someterán a la población

Édgar Escamilla

Ciudad de México, D.F.

En el marco de las negociaciones entre partidos políticos para aprobar las leyes secundarias, organizaciones civiles levantan la voz y exponen los motivos por los cuales se considera un retroceso en materia de regulación  la actividad extractiva de hidrocarburos, la gestión de recursos procedentes de la misma y los impactos negativos en el ambiente.

La ley de hidrocarburos establece que la industria petrolera es de utilidad pública y que la exploración y extracción es de interés social y orden público, lo que determina que es prioritaria sobre cualquier uso del territorio.

Previo a la reforma, este sector ha sido estratégico para la nación, por eso se priorizaba y generó daños en amplias zonas del país. Ahora se suma la llegada de la iniciativa privada, quienes tendrán acceso prioritario al territorio y la consecuente generación de desestabilidad social, ya que la ley establece ciertos mecanismos para que el poder de las empresas sea más elevado que el de los propietarios de las tierras, según advierten investigadores de Fundar, Centro de Análisis e Investigación.

“La reforma energética da la impresión que está hecha a favor de ciertos intereses de las empresas y probablemente de algunos funcionarios”, advirtió Aroa De la Fuente López, analista de la citada organización, durante el taller “La Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas (EITI): oportunidad para el fortalecimiento de la sociedad civil”, realizado en la Ciudad de México, en el que participaron investigadores y representantes de asociaciones no gubernamentales de una decena de países con experiencia en la materia.

Uno de los puntos que ha encendido la alerta en el país, es el tema de la expropiación de tierras a favor de las empresas privadas. Se establece que en caso de que el ejidatario no quiera rentar el predio o no quiera cederlo por estar ocupado en otras actividades como agricultura o ganadería, o simplemente por el hecho de negarse y evitar la destrucción del ambiente, el gobierno puede obligarlo a rentarlo bajo el concepto de “servidumbre legal”, o bien, puedan proceder a expropiar.

La expropiación es una figura ya presente en la legislación, pero ahora es un mecanismo a forzar a la población a negociar sus tierras a favor del sector privado, quienes además gozarán de privilegios para establecer la contraprestación o pago de derechos a los afectados.

“La población se encontrará muy vulnerable frente a las empresas, además de que el ambiente se encuentra propenso a sufrir grave deterioro y contaminación con los megaproyectos que se avecinan para la extracción de hidrocarburos en yacimientos no convencionales a través de la fracturación hidráulica o fracking”, advirtió la especialista.

Contratos y régimen fiscal

Previo a la reforma, Pemex ha pagado impuestos y derechos establecidos en la ley de ingresos; ahora con la nueva ley, será la Secretaría de Hacienda, quien va a definir en cada contrato cuánto van a pagar las empresas y cuánto se va a quedar el estado.

Los analistas de Fundar advierten que se trata de la acción de un actor gubernamental, sin la participación de otros como el congreso o la sociedad civil, quien va a definir cuál será el régimen fiscal que va a aplicar a cada contrato.

“Esto deja abierto el espacio a la discrecionalidad y a que se lleguen a acuerdos que no sean en cuestión del interés público, sino del interés empresarial e inclusive de algún funcionario que pudiera tener un interés en concreto”, señaló De la Fuente López.

Dentro de la reforma, se establecen excepciones de ciertas regalías -pagos que sí se establecen por ley- aunque son menores. En el caso del gas no asociado o gas seco, establece que si el precio internacional se mantiene en niveles bajos como los registrados en los últimos años, las empresas no estarán obligadas al pago de regalías, a fin de volver más rentable su extracción.

Este tipo de gas –de lutitas- es el que mayor presencia tiene en México. Con esta medida se estará subsidiando la explotación, aun cuando su extracción conlleva una gran cantidad de impactos ambientales, presumiendo que se trata de una actividad poco rentable.

Los analistas refieren que a pesar de que se establecen muchas condiciones en los contratos, no se obliga a que deban ser publicados; si se quiere acceder a uno de ellos deberá ser a través de las herramientas ya existentes como el IFAI, “pero que es bien sabido presenta innumerables obstáculos y con ello la pérdida de tiempo para conocer el status de los contratos”.

Gestión de los ingresos petroleros

Actualmente los ingresos provenientes de la industria sostienen las actividades del estado, quien se encarga de distribuirlo en el presupuesto de egresos. Con la reforma se va a crear el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, al cual llegarán todos los recursos que se logren de la venta de hidrocarburos por los contratos con las empresas y la actividad de Pemex.

Se trata de un fideicomiso, figura que en México existe por ley y está sujeto al secreto bancario, lo cual permite que la información no sea revelada, “que no debiera aplicar a los recursos públicos y que sin embargo, en la práctica está sucediendo”.

Los ingresos procedentes de la industria, que representan 35 por ciento del presupuesto del sector público, van a ir a este fideicomiso, cuyo comité técnico podría determinar si se hacen públicos o no, con base en las leyes de transparencia, por lo que es altamente preocupante el paso a una opacidad en el manejo de los mismos.

Actualmente los ingresos petroleros representan el 7.3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). La ley del Fondo establece que el mínimo de todos los recursos que se gestionan en este fideicomiso será de 4.7 por ciento del PIB.

“Sin embargo, el gobierno mexicano no ha informado cómo o de dónde obtendrá esos recursos que dejará de percibir con esta reforma para seguir financiando las políticas públicas, cuando no hay una reforma fiscal de fondo que permita atender este faltante y lograr disminuir la dependencia petrolera”.

Política socio ambiental

Las leyes que regulan la reforma constitucional establecen la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del sector hidrocarburos, que absorberá las atribuciones que tenía la Secretaría del Medio Ambiente en materia de autorización, sanción, investigación y de análisis.

Esto, advierten, generará un debilitamiento de las políticas de protección al ambiente en virtud de que la selección del titular de la agencia estará entre las facultades del presidente de la república, quien ha promovido la apertura del sector petrolero a las empresas privadas.

Con esta medida la Profepa queda debilitada, porque las atribuciones de la agencia centran en esta dependencia todas las facultades sobre el sector petrolero, en contra de los estándares internacionales, uno de ellos el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que pugna por dar mayor autonomía a las agencias ambientales para evitar conflictos de intereses en la toma de decisiones.

“La agencia será una ventanilla única, donde se va a facilitar la entrega de autorizaciones ambientales en el sector de hidrocarburos, porque además lo está priorizando sobre el resto de la agenda pública”.

La ley de hidrocarburos establece la realización de los estudios de impacto social, pero se los da a la Secretaría de Energía y a la Secretaría de Gobernación, como encargado de la realización de los estudios; dependencias que no cuentan con la capacidad para realizarlos como parte de sus funciones, además de ser las secretarías que están impulsando con mayor fuerza esta reforma.

Si bien se establecen mecanismos como la consulta indígena, marcada en los compromisos firmados con la Organización Internacional del Trabajo, se teme que se trate más de una simulación para cumplir con los mecanismos internacionales, pero que no se aplique en la práctica. “Se ha dicho que para redactar estas leyes existió una consulta previa con las comunidades indígenas, pero hasta el momento no se ha especificado con cuáles ni cuándo”.

Actualmente existen más de 40 comunidades indígenas que están buscando ampararse contra esta reforma por considerar que va a violentar sus derechos.

La incidencia de la sociedad civil sería determinante en este proceso; sin embargo, las negociaciones se encuentran muy cerradas al interior de las cámaras y específicamente entre dos partidos políticos, que cuando lleguen a un acuerdo lo van a aprobar sin mayor inconveniente, gracias a la mayoría que tienen en el congreso.