No más cuotas a trabajadores: Fesapauv

IPE deberá reflejar trasparencia

Por: Anthon ovando

Poza Rica

La aprobación en la nueva ley del Instituto de Pensiones en el Estado de Veracruz (IPE) ha despertado algunos desacuerdos, principalmente entre integrantes de la Federación Estatal de Sindicatos y Agrupaciones del Personal Académico de la Universidad Veracruzana.

Roberto Mateos Crespo, secretario general de la Fesapauv en la región Poza Rica-Tuxpan manifestó que dicha reforma no  aplicó consensos  con diferentes sindicatos, a pesar de que se  hizo entrega de algunas propuestas al Gobierno del Estado y la directiva del IPE.

El desacuerdo va enfocado en el agravio al salario de los trabajadores, puesto a que  actualmente aportan 11 por ciento mensual para las cuotas internas; sin embargo, se tiene previsto un alza de 12 por ciento en los próximos dos años.

Los integrantes de nuevo ingreso  deberán  aportar 15 por ciento de su salario aun cuando  se jubilen,  desfasando completamente el 3.9 de incremento salarial para todos los activos, y afectando  directamente el bolsillo de los trabajadores,  con el fin de sanear las finanzas del IPE.  

“Estamos de acuerdo  en los salarios regulados, pero que no se grave más el salario de los trabajadores para que le apuesten a la pensión, no estamos de acuerdo con el incremento de las cuotas; hay algunas situaciones que no van conforme a la ley que se deben transparentar” explicó.

Señaló que previo a la aprobación de la Ley se   realizaron algunas propuestas tales como: No a cuentas individuales, no incrementar cuotas a trabajadores, Hacer eficiente la administración del IPE, el perfil del director del IPE deberá estar  adecuado a la seguridad social, transparencia en las acciones administrativas, entre otros.

Mateos Crespo recalcó que  el estado financiero del IPE debe ser presentado con claridad   para conocer el verdadero manejo del recurso y con ello saber el ingreso por los diferentes inmuebles que el instituto tiene en su poder, así como también los préstamos que se hacen a los derechohabientes  y al Gobierno del Estado.