Puigdemont mantiene en vilo a España
AGENCIA
La celebración o no este martes en el Parlamento catalán de la sesión para investir presidente regional al independentista Carles Puigdemont, huido a Bruselas desde hace tres meses, y si éste regresará a Cataluña, mantiene en vilo a la clase política y a los tribunales de España.
Puigdemont, fugado a Bélgica para evitar comparecer ante la Justicia española que lo acusa de los presuntos delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos, es el único candidato propuesto por el independentismo catalán, con mayoría en la Cámara autonómica, para presidir el nuevo Gobierno regional.
A menos de 24 horas de la fecha marcada para el debate en el que sería investido, nada es seguro, ni siquiera la celebración de dicha sesión, que ha sido impugnada ante el Tribunal Constitucional (TC) por el Gobierno de España, al igual que la candidatura de Puigdemont, al que considera un prófugo de la Justicia.
El TC ha eludido hasta el momento manifestarse a ese respecto, aunque sí ha adoptado una medida cautelar consistente en prohibir que el pleno de investidura se celebre sin la presencia física del candidato, bien por videoconferencia o por delegación a otro diputado de la lectura de su discurso.
Una decisión que "ha reconfortado" a todos, porque "alguien que ha pretendido liquidar la unidad nacional no puede ser presidente de nada", dijo ayer el jefe del Ejecutivo español, Mariano Rajoy (PP, centroderecha), y que ha sido recurrida por el grupo parlamentario que encabeza el expresidente regional catalán, Junts per Catalunya (JxCat).
Según JxCat, estas medidas "vulneran derechos fundamentales", dado que no han sido solicitadas por ninguna de las partes, e "invaden la autonomía del Parlamento" local y la "competencia exclusiva de la Mesa" de la cámara catalana en la aplicación e interpretación de su reglamento.
Sobre Puigdemont pesa una orden de detención emitida por el Tribunal Supremo, de modo que si pisa suelo español será detenido y llevado ante un juez que le investiga por su impulso al ilegal proceso independentista en Cataluña.
En un nuevo intento para evitarlo, el dirigente independentista dirigió un escrito al Alto Tribunal en el que acredita su condición de diputado electo y subraya que puede ejercer los derechos que le son inherentes sin necesidad de "autorización judicial".