Bolsonaro va por ONG y comunidad LGBT
AGENCIA
El gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro resolvió en su primer día en funciones traspasar al ministerio de Agricultura la demarcación de las tierras indígenas, una medida que desató las críticas de organizaciones indigenistas y de defensa del medio ambiente.
Una ordenanza para definir la estructura y funciones del Ejecutivo dispuso además que las organizaciones internacionales y las no gubernamentales (ONG) serán supervisadas por la Secretaría del Gobierno, dependiente de la Presidencia.
También excluyó a la población LGBT como beneficiaria de las políticas destinadas a la promoción de derechos humanos del recién creado Ministerio de la Mujer, de la Familia y de los Derechos Humanos.
Según la ordenanza publicada la noche del martes, el ministerio tendrá a cargo lo relacionado con "la reforma agraria, la regularización de la propiedad en áreas rurales en la Amazonía Legal [no sólo el estado Amazonas], las tierras indígenas y los quilombolas".
Hasta ahora, la demarcación de tierras indígenas estaba a cargo de la Funai (Fundación Nacional del Indio), vinculada al ministerio de Justicia y que ahora pasa al de la Mujer, Familia y Derechos Humanos.
El ministerio de Agricultura encarna los intereses del agronegocio que entran en frecuentes conflictos con organizaciones de trabajadores rurales, con los indígenas y con grupos de protección del medio ambiente.
Bolsonaro designó ministra de Agricultura a Tereza Cristina da Costa, que al asumir el cargo este miércoles dijo que esta medida no reducirá el número de demarcaciones.
La Funai indicó en un comunicado enviado a la AFP que "respeta la decisión del nuevo gobierno y seguirá cumpliendo con la misión institucional de proteger los derechos de los pueblos indígenas".
Una ordenanza debe ser aprobada por el Congreso en un plazo de 60 días (el plazo es renovable), pero tiene vigencia inmediata.
La organización ecologista Greenpeace calificó de "extremadamente preocupante" una decisión que pone en riesgo "los derechos originales de los pueblos indígenas" y "el futuro de las florestas, pues son las áreas protegidas la forma más eficiente de evitar la deforestación".
-ONG en la mira-
También generaron polémicas otros dos puntos de la ordenanza.
Uno de ellos determina que la Secretaría de Gobierno tendrá entre sus competencias "supervisar, coordinar, vigilar y seguir las actividades y las acciones de los organismos internacionales y de las organizaciones no gubernamentales en el territorio nacional".
José Miguel Vivanco, director de la división para América de Human Rights Watch (HRW), dijo a la AFP que preocupa "el uso de los términos 'supervisar' y 'monitorizar', lo que sugiere una falta básica de comprensión del rol independiente que estas entidades tienen en cualquier sociedad abierta y democrática".
En otro punto polémico, la ordenanza excluye a la población LGBT (Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales) como beneficiaria de políticas destinadas a la promoción de derechos humanos del recién creado Ministerio de la Mujer, de la Familia y de los Derechos Humanos.
Se trata de "una afrenta" a la población LGBT, dijo a la AFP la abogada Juliana Maggi.