PGR y Tamaulipas cometieron violaciones a DH
AGENCIA
Personal de la extinta Procuraduría General de la República (PGR) y del gobierno de Tamaulipas incurrieron en violaciones graves a derechos humanos en agravio de 196 migrantes extranjeros cuyos cuerpos fueron hallados en abril de 2011 en 48 fosas clandestinas en San Fernando, Tamaulipas, concluyó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Aunado a ello, también se dieron diversas omisiones y violaciones a los derechos de las familias de 57 mexicanos desaparecidos ligado al hallazgo de estas fosas.
El organismo nacional documentó que personal de la extinta PGR -hoy Fiscalía General de la República- y de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas cometieron graves violaciones a los derechos de acceso a la justicia, a la seguridad jurídica y a la verdad, en agravio de los 196 migrantes y de los 57 mexicanos desaparecidos.
Por esto, la CNDH dirigió la Recomendación por Violaciones Graves 23VG/2019 al titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, y al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
Tras concluir su investigación, la CNDH encontró responsabilidad de ambas autoridades por las irregularidades en que incurrieron los Agentes del Ministerio Público, tanto de la Federación como del fuero común que estuvieron a cargo de las investigaciones ministeriales de los hechos.
El organismo aclaró que el 23 de diciembre de 2013, emitió la Recomendación 80/2013, en la cual acreditó la violación de los derechos humanos en agravio de 72 personas migrantes cuyos cuerpos fueron hallados el 22 de agosto de 2010, también en San Fernando, así como por violaciones a los derechos de dos sobrevivientes, quienes fueron secuestrados en esa población, y trasladados a un rancho de esa donde las 72 personas migrantes fueron privadas de la vida.
Como antecedente de la investigación de los 196 migrantes, el organismo señaló que el 6 de abril de 2011 se dio a conocer en un medio de comunicación que al menos 60 cuerpos fueron encontrados en un rancho ubicado en San Fernando, Tamaulipas, por lo que en esa misma fecha dirigió medidas cautelares a la entonces PGR y a la PGJ de Tamaulipas, para preservar todo tipo de indicios que se obtuvieran con motivo de las investigaciones sobre los homicidios, así como de datos que permitieran la identificación de los cadáveres y/o restos humanos.
Además, inició de oficio expediente de queja, y para integrarlo debidamente, personal de la CNDH realizó diversas acciones y trabajos de campo y solicitó información a diferentes dependencias.