“Elevado" número de violaciones a DH

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-En protestas en Chile: ONU

AGENCIA

Un demoledor, crudo y contundente informe emitió la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), acerca de las actuaciones policiales y militares en la represión de las movilizaciones sociales que comenzaron en Chile el 18 de octubre pasado y que hoy cumplen ocho semanas ininterrumpidas.

“Hay razones fundadas para sostener que, a partir del 18 de octubre, se han producido un elevado número de violaciones graves a los derechos humanos. Estas violaciones incluyen el uso excesivo o innecesario de la fuerza que resultaron en la privación arbitraria de la vida y en lesiones, la tortura y malos tratos, la violencia sexual y las detenciones arbitrarias”, concluye el informe.

En materia de recomendaciones, sin duda la más sorprendente -tanto como que fue rechazada de inmediato por el gobierno diciendo que no le correspondía opinar al respecto- fue que el proceso de elaboración de una nueva constitución “sea inclusivo, participativo y transparente, incluso garantizando la paridad de género (50% mujeres, 50% hombres) durante el proceso y la participación de los pueblos indígenas y todos los demás sectores de la sociedad. Los derechos humanos deben estar en el centro de este debate nacional”.

Las cifras del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) indican que hasta el jueves 12 hubo 3 mil 461 personas heridas (mil 986 por disparos) de las cuales 375 sufrieron lesiones oculares (21 con pérdida parcial y dos total de la visión); más de 9 mil 300 personas detenidas y más de mil 400 denuncias judiciales por torturas, abusos sexuales, uso excesivo de la fuerza, entre otros. 26 personas murieron en actos violentos durante las protestas, cuatro de ellas a manos de militares y/o policías.

Desde hace 65 días millones de chilenos comenzaron una protesta social para exigir el término de los abusos y las precariedades derivadas del modelo económico neoliberal vigente en el país y cuya máxima expresión es una frívola desigualdad donde 50% de los hogares más pobres accede apenas al 2.1% de la riqueza neta del país, mientras que el 10% más rico se queda con el 66%.

En lo inmediato, la movilización social exige pensiones mínimas dignas (actualmente en torno 140 dólares), salario mínimo decente (acaba de reajustarse a 380 dólares), abaratamiento de los medicamentos, acceso oportuno a la salud pública, condonación de las deudas de los universitarios, entre otras demandas. Y términos estructurales, la redacción de una Carta Magna nacida de un proceso constituyente con amplia participación ciudadana, expresión de la diversidad social del país.