GRAN ANGULAR / Propone AMLO sacudida al Poder Judicial / RAÚL RODRÍGUEZ

De acuerdo con la iniciativa de reforma al Poder Judicial que propondrá mañana AMLO junto con al menos otras diez modificaciones constitucionales, los actuales ministros de la Corte y los consejeros de la Judicatura tendrían como plazo el primero de septiembre de 2025 para dejar el cargo y ya no tendrían derecho al haber de retiro vitalicio; mientras que los magistrados electorales causarían baja un mes después y quedarían impedidos de integrarse al máximo tribunal. La reforma, además, eliminaría la actual facultad de la Corte de suspender leyes aprobadas por el Congreso y aplicaría castigos a quienes tarden más de medio año en resolver un conflicto tributario.

Según fuentes consultadas en la SEGOB y en las cámaras del Congreso, la nueva Corte ya no estaría integrada por once sino por nueve ministros que ya no durarían en el cargo quince sino doce años. Los ministros serían electos, al igual que los siete magistrados del Tribunal Electoral, por el voto ciudadano directo en comicios nacionales organizados por el INE, sin financiamiento público ni privado, pero sí con spots.

A convocatoria del Senado, el presidente de la República y el Poder Judicial propondrían a diez candidatos cada uno, mientras que la cámara de Diputados postularía cinco y la cámara alta otros cinco. Ésta última revisaría el cumplimiento de requisitos y la idoneidad de los aspirantes. También los jueces de Distrito y los magistrados de Circuito serían electos por la sociedad mediante procedimientos similares.

Dos aspectos de esta sacudida al Poder Judicial que propone López Obrador serán sin duda la elección por votación popular de jueces magistrados y ministros, y la limitación y/o eliminación de la facultad de la Corte de suspender leyes aprobadas por el Congreso.

Los ministros de la Corte en México no siempre han sido designados por el mismo método. De la Constitución de 1824 a la fecha hemos tenido al menos ocho métodos de nombramiento y el vigente data de la reforma de 1994 impulsada por Ernesto Zedillo. Ninguno de esos métodos ha sido el del voto popular.

Éste no lo ven viable, incluso personajes cercanos a la 4T como el ministro en retiro Arturo Zaldívar (hoy incorporado al equipo de la candidata presidencial Claudia Sheinbaum) y la ministra Loreta Ortiz. Refieren casos de países donde los jueces son electos en votación popular y terminan por emitir sentencias que les den popularidad y les permitan seguir avanzando por esa vía en su carrera judicial.

Por el contrario, hay abogados constitucionalistas como el doctor Jaime Cárdenas del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que consideran que “hoy en día la elección de ministros de la Corte está controlada por el poder formal (el del Presidente y el de los dos partidos mayoritarios en el Senado) y por el poder fáctico nacional y transnacional que influye en esas designaciones”.

Considera asimismo que “la Corte ha ido incrementando su elitismo… después de las reformas constitucionales de 1994 y 2011, que han aumentado su poder para invalidar normas generales y para definir el alcance y profundidad de todo el derecho aplicable… (por lo que) ningún otro poder en México puede, en la magnitud que lo hace la Corte, determinar qué es y qué no es derecho”.

De ahí que sea plausible la noción de que “en el Estado Constitucional todo derecho debería tener un origen democrático y que las instituciones deben derivar de la soberanía”.

Quien se oponen a esto son quienes se oponen también a quitarle a la Corte el papel de tribunal constitucional y sólido contrapeso del Ejecutivo, que invalide normas generales aprobadas por el Congreso como ha ocurrido con varias de las reformas propuestas por AMLO.

Las fuentes consultadas señalan que otro de los argumentos de esta iniciativa de reforma constitucional es lo oneroso en que se ha convertido el Poder Judicial. De ahí que, entre otras cosas, proponga eliminar el haber vitalicio con que se retiran los ministros. Actualmente, en los dos primeros años tras el retiro se les paga 100% de su salario cada mes, y a partir del tercer año el 80%.

Pensiones, salarios y otras reformas

Mañana, como el propio AMLO lo anunció, no asistirá a Querétaro como históricamente lo han hecho los presidentes para conmemorar la promulgación de las Constitución de 1917. Encabezará un acto en la CDMX donde anunciará el último paquete de reformas constitucionales de su gobierno.

Además de la del Poder Judicial, se sabe de estas otras iniciativas:

1. Reforma al sistema de pensiones para que los trabajadores puedan acceder a una jubilación digna con cien por ciento de su último salario. Mediante las AFORES actualmente se les da como pensión apenas poco más de treinta por ciento de su último salario. La pregunta aquí es ¿cómo se va a financiar ese pago del cien por ciento del último salario del trabajador estimado en casi 500 mil millones de pesos anuales?
2. Reforma al salario mínimo de manera que sus incrementos anuales siempre estén por arriba de la inflación. El salario mínimo en el actual gobierno ha pasado de 88 a 248 pesos diarios.
3. Nueva reforma electoral para desaparecer las candidaturas plurinominales como parte de un plan de reducción de gastos de campaña y de financiamiento a los partidos políticos. De esta manera se reduciría de 500 a 300 el número de diputados y de 128 a 96 senadores. Con esta reforma se pretende retomar y profundizar cambios a la legislación electoral aprobados por el Congreso, pero anulados por la Corte en junio del año pasado con el argumento de que se violó el proceso legislativo.
4. Nueva reforma eléctrica para reponer la recientemente anulada por la Corte Ley de la Industria Eléctrica 2021. Con ella se busca eliminar la reforma energética de 2013 (en el gobierno de Enrique Peña Nieto) e instaurar la industria eléctrica como estratégica y de interés público, dándole prioridad frente a los productores privados de electricidad.
5. Reforma a la Guardia Nacional con la que se insistirá en traspasar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, propuesta que anteriormente fue aprobada por el Congreso, pero que la Corte frenó mediante un recurso de revisión al considerarla inconstitucional.
6. Reforma para desaparecer los organismos autónomos. El argumento: eliminar el gobierno fáctico, dual y paralelo que se creó -según la propuesta- para favorecer intereses particulares. Sus tareas serían absorbidas por diversas secretarías.

Ya veremos mañana que más sorpresas vienen.

Los cambios a la Constitución

AMLO presentará este paquete de iniciativas de reformas constitucionales sabedor de que no cuenta con la mayoría calificada de las cámaras del Congreso. Por lo tanto, difícilmente pasarían, lo que hace pensar a varios analistas de que más bien tienen, por lo pronto, la intención de subirlas al debate electoral.

Hasta anoche no se sabía si Palacio Nacional si a todas o algunas iniciativas les dará el carácter de preferentes para que se discutan y eventualmente se rechacen o aprueben en el período ordinario de sesiones del Congreso que iniciará el próximo martes.

La lógica en el gobierno sugiere que se irían hasta septiembre próximo en espera de que Morena y aliados logren la mayoría calificada tras los comicios del dos de junio próximo, el famoso Plan C, garanticen así la aprobación de este paquete de reformas constitucionales.

AMLO ha promulgado entre el 14 de marzo de 2019 y el 24 de enero de 2024 un total de 23 reformas a la Constitución con modificaciones a 62 artículos.

Con esas 23 reformas ya rebasa a Ernesto Zedillo (18), Vicente Fox (17) y Carlos Salinas de Gortari (15). Aún lo superan Felipe Calderón (38) y Enrique Peña Nieto (28).

Entre las reformas más destacadas de la 4T están la prohibición de la condonación de impuestos, la derogación de la reforma educativa de su antecesor, la creación de la Guardia Nacional, la elevación a rango constitucional de las pensiones para adultos mayores, modificaciones al fuero constitucional a fin de que un presidente pueda ser procesado, imputado y juzgado por traición a la Patria, hechos de corrupción y delitos electorales, así como la instauración de la revocación de mandato.

La vigente Constitución de 1917 cumplirá mañana 107 años, edad a la que llega con más de setecientas reformas, lo que la hace muy diferente a la original.