Rubén Pabello Rojas - La Impunidad ¿es incontrolable?

Rubén Pabello Rojas

Hermana gemela de la corrupción, la Impunidad ocupa un nefasto espacio en la vida nacional.

México es una nación democrática regida por un orden jurídico, constituido por un sistema de leyes, que conforman lo conocido como Estado de Derecho. La ley es la norma jurídica que sustenta esa organización sociopolítica. Esa norma fundamental se integra por derechos, deberes y sanción cuando no es cumplida.

Este es el origen conceptual de lo que constituye el sistema legal en que se ampara un Estado también llamado constitucional, social o democrático. Su fundamento es la ley y su debida observancia. Cuando no se cumple la ley se ignora uno de los más sensibles indicadores de la buena salud de esa entidad de derecho. Ello constituye la negación principal de la fuerza de ese cuerpo legal, siendo el más fuerte motivo de su desaparición.

El incumplimiento o infracción al orden jurídico establecido, ley, decreto, acuerdo, reglamento o cualquier obligación integral de ese sistema normativo, se conoce técnicamente como delito o falta administrativa. Su sanción o castigo dan lugar a la llamada Acción Punible, que es la potestad del poder público, a titulo de monopolio legalmente concedido, de ejecutar la pena correspondiente.

La ausencia de castigo o sanción a ese incumplimiento da lugar al fenómeno conocido como: impunidad. La aplicación de la norma jurídica recae en la autoridad correspondiente a su grado, espacio y tiempo.

“Nullum crimen sine poena. Nulla poena sine lege”. Aforismo latino que reza: Ningún crimen sin pena. Ninguna pena sin previa ley. Son los principios básicos de la legalidad y sustentan la antítesis de la impunidad.

Así debiera ser, pero no es en la realidad. Las condiciones sociales derivadas de una renuncia silenciosa, casi metódica, del gobierno a hacer cumplir la ley, a que está obligado, han menoscabado mayormente su propia capacidad de impedir la nefasta impunidad en perjuicio de buenos resultados en la administración de justicia que tiene como mandato.

Si la corrupción es un fenómeno indeseable practicado por individuos e instituciones, la impunidad es una desviación atribuible solamente al Estado en sus diversas advocaciones y responsabilidades. La impunidad no puede ser responsabilidad más que de los órganos del poder público encargados de hacer prevalecer el Estado de derecho.

De ahí su gravedad. La renuncia en cualquier grado o circunstancia a dilatar, desviar o no sancionar una conducta infractora o delictiva, conduce a la negación del mismo orden legal y a la pérdida de los principios fundamentales que rigen la vida en sociedad.

Ello conduce a calificar como inadmisible la falta de sanción o castigo, la omisión de acciones encaminadas a encontrar a los responsables de los últimos acontecimientos criminales acaecidos en estados del Océano Pacífico mexicano, cuyas investigaciones, delicadas y difíciles, no reportan una idea cabal de lo sucedido ni la incriminación de los autores de los delitos de alto impacto, cometidos. La pregunta creciente y no contestada es: ¿dónde estaban los gobernadores de esos estados? ¿Coludidos, también? ¿Impunes, también?

Consecuencia inaceptable es que grupos autollamados de anarquistas, aprovechando las debilidades y contubernios de autoridades estatales y municipales de estos lugares efectúan, sin recato ni freno de ninguna naturaleza, acciones criminales contra civiles, instituciones, cuerpos de seguridad y hasta fuerzas armadas regulares, poniendo en predicamento aquel “Principio de autoridad”, tan recitado el siglo pasado y tan vapuleado en el presente, sin ser tocados ni por la mirada de impávidos y agredidos cuerpos policiacos.

La ausencia de sanción, el ejemplo y el descontento de algunos sectores sociales, al parejo de la creciente impunidad, van armando un caldo efervescente cuyas negativas consecuencias no son desconocidas ni por el ciudadano común y corriente ni por las autoridades constituidas.

La tentación de ejercer la justicia por propia mano, que en ocasiones ha llegado al linchamiento público de delincuentes sorprendidos cometiendo faltas en algunas comunidades, hablan de lo peligroso que resulta no castigar conforme a derecho a criminales. Esto abre la entrada a desviaciones del poder como la tolerancia inaudita de cuerpos de autodefensa, sustituyendo a los órganos legalmente facultados para procurar e impartir una justicia que no se materializa.

Mientras se permita que la justicia no cumpla con su cometido fundamental que es aplicar la ley, las desviaciones y desencuentros seguirán siendo el tono oprobioso de una sociedad que no encuentra, ni tiene en el derecho su defensa.

Si los cuerpos de policía, los ministerios públicos, juzgados y tribunales de todos los niveles de gobierno no profesionalizan sus acciones; si la investigación, persecución, consignación y sanción de infractores y delincuentes no se logra en la vida pública de una comunidad; si el prevaricato y la corrupción en todos los grados se apodera de las instituciones encargadas, las consecuencias serán desastrosas irremisiblemente.

En México el camino de la impunidad parece no tener visos de terminar. A este paso, donde todos critican y están conscientes de la gravedad del mal; donde parece que a nadie le interesa sancionar a culpables, cuando se decida hacerlo no existirá el hombre justo que cierre la última reja de una monstruosa cárcel monumental. Por lo demás, lo único válido para solucionar el engendro es: Aplicar la Ley.