Los indicios de un lugar de exterminio
-Se exigió que se indagara si había fosas clandestinas en el norte de Veracruz, especialmente en Poza Rica
DE LA REDACCIÓN
Esta historia empezó hace diez meses, cuando en Veracruz aún gobernaba Javier Duarte de Ochoa, ahora recluido en un penal de Guatemala en espera de su extradición, acusado de malversación de recursos públicos y delincuencia organizada.
En una reunión con autoridades locales y con Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, en Boca del Río, el 26 de abril de 2016, Jesús Jiménez Gaona, exigió que se indagara si había fosas clandestinas en el norte de Veracruz, especialmente en Poza Rica, donde su hija Jenny Isabel Jiménez Vázquez y tres de sus amigos fueron privados de su libertad en 2011.
Hundido en la angustia por encontrar a su hija, Jiménez Gaona, de oficio comerciante, se dio a la tarea de adentrarse en los primeros círculos de la delincuencia organizada, refieren sus compañeros de colectivo, y gracias a ello consiguió 36 ubicaciones geográficas, donde posiblemente asesinaban personas. Esas áreas abarcan desde el municipio de Gutiérrez Zamora, se extienden por Papantla, Coatzintla y Poza Rica, hasta llegar a Tihuatlán.
La simple propuesta de Jiménez Gaona representó para quienes buscan a sus familiares -en un país donde hay 26 mil desaparecidos según cifras oficiales- una esperanza. Sólo en Veracruz se tiene el reporte de 2 mil 133 personas que desde 2006 no han sido localizadas. En los últimos 7 años se han exhumado 535 cadáveres de fosas clandestinas en 43 municipios.
Pero meses después de haber elevado su petición, el 21 de junio de 2016, Jesús Ramírez viajaba en un vehículo en compañía de su esposa. Trabajaba en la integración de brigadas de búsqueda de desparecidos. Circulaban sobre el boulevard Lázaro Cárdenas, en Poza Rica, cuando fueron atacados por un grupo armado que logró matarlo a él y herirla a ella. El miedo se coló en las mentes de los colectivos de búsqueda y la esperanza de acudir al sitio se apagó…pero sólo por unos meses.
Tras la llegada de la transición en el estado en diciembre de 2016, cuando Miguel Ángel Yunes Linares -el primer gobernador de un partido distinto al PRI- tomó el cargo, los familiares se armaron de valor de nuevo y pidieron apoyo para realizar una búsqueda entre Tihuatlán y Poza Rica. Habían recabado más datos y señalaron directamente que tenían sospechas sobre el rancho “La Gallera”. Confiaron en las promesas que el hoy ejecutivo estatal hizo durante su campaña a los activistas, cuando aseguró que el tema de desaparecidos sería primordial en su bienio.
Sin embargo, la respuesta no fue la esperada, de parte de los fiscales regionales de la Zona Norte.
“Quisieron meternos miedo… pero nuestros planes no podían volver a arruinarlos”, asegura una integrante de la agrupación Familiares en Búsqueda María Herrera, quien pide no se revele su nombre por temor expreso. Los fiscales regionales, explica mientras acompaña a los reporteros al recorrido en el rancho “La Gallera”, les advirtieron que en ese corredor operan seis grupos criminales: dos células de los Zetas (La 35 y la 52), el Cártel del Golfo, Jalisco Nuevo Generación, Los Arroyo y Cárteles Unidos.
Finalmente, el 1 de febrero de este año, los familiares casi forzaron al fiscal general del estado Jorge Winckler para conducir una diligencia aquí. Y efectivamente, encontraron rastros de cuerpos.
“Nadie imaginaba encontrar todo lo que vimos… Fuimos testigos de la exhumación de cinco hombres y una mujer en tres fosas. Los rasgos de cuatro rostros y sus tatuajes eran evidentes: la Santa Muerte en un antebrazo y el nombre de Lupita; las iniciales E y S en el brazo derecho; dos nombres a la altura del pecho con los nombres: Ali Dalatiel y Francisco Javier.
“Es lo que recordamos de los cadáveres y ojalá sus familias los reconozcan”, dice una mujer del colectivo que busca a su familiar desaparecido en Poza Rica desde 2011. “El olor a carne podrida era mucho. Los agentes nos dijeron que los canes buscadores se habían ´estresado´ y no lograron detectar con precisión más fosas”.
Los elementos de la fiscalía también encontraron prendas de al menos 20 personas, entre niños y adultos, además de bolsos, maletas y partes de una camioneta desvalijada con placas del Estado de México.
Los familiares insistieron ante el Fiscal para recorrer cada punto del lugar y así llegaron, con el estómago revuelto, al horno lleno de cenizas. Todas con el conocimiento de que, en Veracruz, no sería la primera “cocina humana” que era descubierta.
En marzo de 2016, a raíz de la desaparición forzada de cinco jóvenes originarios de Playa Vicente, Veracruz – conocido como el “Caso Tierra Blanca”-, se desplegaron diligencias encabezadas por la Policía Científica, de la Policía Federal, que dieron como resultado el hallazgo de otro rancho en el municipio de Tlalixcoyan, llamado “El Limón”.
El citado subsecretario Roberto Campa Cifrián confirmó la ubicación de 10 mil fragmentos carbonizados, entre ellos restos óseos de los jóvenes José Alfredo González Díaz y Bernardo Benítez Arroniz.
De acuerdo con la declaración de tres civiles vinculados a una célula del crimen organizado (asentado en la carpeta de investigación 27/2016) las víctimas que fueron asesinadas en el rancho El Limón eran incineradas en hornos clandestinos, y los restos que no se desintegraban con el fuego eran triturados en un molino de caña y finalmente arrojados a un río (el Tlalixcoyan) que corre a pie del lugar.
Por esta razón, los activistas exigieron a las autoridades que consideraran el horno como un indicio, pero la respuesta llegó de bote pronto: “No lo descartamos, señoras, pero si aquí incineraron gente tendría que haber restos calcinados y ustedes vieron que los seis cuerpos estaban completos”, les dijeron los agentes ministeriales sin revisar las cenizas que había atrás, dentro y alrededor del horno.
Con ello, los fiscales dieron por terminada la diligencia sin tomar muestras ni revisar el resto del predio. Pero la duda se quedó en la cabeza de los integrantes del colectivo María Herrera y decidieron hacer algo.