Autoridad federal liberó a comerciante atrincherado
DE LA REDACCIÓN
Luego de la balacera que se desató en la calle Paz, esquina con Abasolo, provocando terror entre los vecinos, cuando supuestos elementos de la Fuerza Civil, intentaron sacar de su domicilio al comerciante Carlos Pérez Jiménez, este se entregó a la PGR, para salvar su vida, por lo que quedó en manos de la autoridad federal.
Como se informó, en las primeras horas de la madrugada del domingo pasado, los vecinos vivieron momentos de terror, pues minutos antes de las 04:00 horas, hombres armados y encapuchados que dijeron ser efectivos de la Fuerza Civil, intentaron introducirse a la casa marcada con el número 101, interior departamento 3, de la calle Paz, en donde habita el comerciante Carlos Pérez Jiménez, junto con su esposa y su bebé recién nacido.
El comerciante, dedicado a la venta de muebles que el mismo elabora y a la realización de fletes y mudanzas, se percató de ello y desde el interior cuestionó a dichas personas, pudiéndose percatar que iban armados, encapuchados y con el rostro cubierto con pañuelos negros que llevaban estampada la imagen de la muerte, los cuales rompieron los cristales de las ventanas, por lo que temiendo lo peor, hizo uso de un arma que tiene para su protección personal y la de su familia.
En respuesta, los supuestos policías accionaron sus armas, realizando disparos dentro y fuera del domicilio del comerciante, que se negó a salir, ante el temor de que algo malo le pudiera ocurrir, en tanto que sus familiares solicitaron la intervención de la justicia federal, que llegó al lugar que se encontraba sitiado por la Guardia Nacional, la Fuerza Civil y la Policía Municipal.
Las fuerzas estatales le negaron el paso a un Actuario del Juzgado Federal, por lo que se requirió la presencia de fuerzas federales que arribaron al domicilio del comerciante, el cual se entregó y será la PGR, la que resuelva su situación legal, así como lo conducente a dos unidades de su propiedad, tras acreditar su propiedad, reservándose el derecho de proceder en contra de la Fuerza Civil o de cualquier otra corporación, por los daños ocasionados a su vivienda, en donde quedaron las marcas de los impactos de bala al accionar sus armas y por un probable abuso de autoridad.