Crisis petrolera arrastra a Coatzintla

-Desempleo, desintegración familiar, descomposición social, migración e inseguridad aquejan a sus 23 comunidades.

Por Édgar Escamilla

En la puerta de una humilde vivienda de madera en la comunidad de Furberos, municipio de Coatzintla,  dos elementos dan la bienvenida a las visitas; primero, dos imágenes religiosas como signo de la fe que profesa la familia y segundo, una calcomanía de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), que indica que los moradores de esa casa fueron beneficiados con el programa Piso Firme. En el viejo jacal habitan solo dos ancianos, sus hijos han emigrado del pueblo en busca de mejores oportunidades.

Esta situación se repite en las 23 comunidades del municipio, pero también en la zona urbana de un municipio históricamente ligado a la actividad petrolera. Aquí se fundó el campamento Palma Sola que, a la postre, daría vida al campamento Poza Rica y la consolidación de la llamada Capital Petrolera de México.

Se estima que tan solo durante los dos últimos años, cerca de dos mil personas han tenido que abandonar sus hogares en busca de mejores oportunidades de empleo, una tendencia que sigue a la alza, según lo reconocen las propias autoridades municipales; pero no siempre fue así, al menos en la última década.

Datos de la Sedesol revelan que la población en este municipio pasó de 43 mil 106 habitantes en 2005, a 48 mil 351 personas en 2010; para el siguiente quinquenio, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) establece un total de 56 mil 897 habitantes; es decir, la población creció en 13 mil 791 habitantes en tan solo diez años, esto a la par de las inversiones en la industria petrolera.

“Vivimos una explosión demográfica, mucha gente de otros estados que escuchó acerca del boom que había en esta zona de Poza Rica llegó ilusionada, esperando una mejor expectativa de vida, a lo mejor sí lo fue, pero en términos muy cortos”, comentó el alcalde de Coatzintla, César Ulises García Vázquez.

Información de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) respalda tal afirmación. El reporte de Seguimiento del Proyecto Aceite Terciario del Golfo muestra cómo la producción de aceite se incrementó, considerablemente, en ese periodo de tiempo, pasando de 22.7 mil barriles diarios en 2007, a 66.2 mil barriles diarios en 2013. En ese mismo periodo se perforaron en la región dos mil 089 pozos. Actualmente la producción del ATG apenas si rebasa los 40 mil barriles diarios.

El edil culpa al Gobierno Federal, desde el presidente Enrique Peña Nieto, a la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, de haber frenado de tajo la asignación de recursos para esta zona, lo que se tradujo en el cierre de empresas, desempleo, desintegración familiar e inseguridad.

“En el afán de generar más negocio para una cúpula de ciudadanos, que dirigen la situación económica del país, mientras a ellos no les convenga, ‘les vale madre’, con todo respeto, lo que pueda generar de descomposición social. Los grandes empresarios que se ven beneficiados no viven en esta región, viven fuera del país, ‘les vale sombrilla’ lo que esté ocurriendo, si no hay negocio, no hay inversiones en la zona; el Presidente de la República parece ser un títere de los intereses económicos de unos cuantos”, afirmó.

En la comunidad de La Laja, quedaron en el abandono las instalaciones de los grandes corporativos que se vieron beneficiados durante el último auge petrolero. Petroswab, Schlumberger, Baker Hughes, ICA, Alsa y Tamsa, entre otras, se establecieron a la margen de la carretera Coatzintla-Palma Sola, conjuntando un corredor industrial que ahora permanece casi desolado; en algunos de los inmuebles cuelgan anuncios de renta.

A la par de la llegada de estas empresas, cuyos amplios estacionamientos apenas y se daban abasto para albergar la cantidad de automóviles particulares de sus empleados y las flotillas de vehículos, muchos habitantes de las comunidades cercanas aprovecharon para instalar pequeños comedores a un costado de la carretera.

“Antes no podíamos ni pasar por aquí de tanta gente que había, camionetas estacionadas a ambos lados de la carretera, los obreros comiendo en las fondas, los camiones con equipo saliendo a toda hora, ahora vea joven, no queda nada”, comenta Miguel Márquez, conductor de taxi que, ocasionalmente, cubre la ruta hacia la comunidad de Corralillos.

De las decenas de puestos de comida solo se mantiene un humilde comedor cerca de las instalaciones de Schlumberger, al cual acuden los pocos empleados que permanecen dentro de las instalaciones.

La falta de inversión va más allá del problema de desempleo, agregó García Vázquez, sino que ha cobrado un costo social mucho más elevado, lo que asegura, no se puede comparar con la rentabilidad petrolera, argumento por el que se dejó de invertir en la zona.

Al término de los contratos quedaron solo instalaciones ‘fantasma’, “pero los empresarios no pierden, si no tienen contratos aquí los conseguirán en otra parte; las empresas locales son las que se han visto afectadas, Pemex aún les debe, aunque el gobierno anunció un programa para pagar la deuda con proveedores”, explicó.

Quienes han perdido son los lugareños. Comunidades como Úrsulo Galván, Rancho Nuevo, Palmar de Zapata o Arroyo Florido, se han convertido en pueblos con una población compuesta en su mayoría por ancianos, mujeres y niños; se estima que más de dos mil personas han emigrado en los últimos dos años.

Esto, afirmó el alcalde, ha propiciado que muchos jóvenes que quedaron en medio de familias desintegradas a causa de la migración, buscaran una forma fácil de hacerse de recursos, cayendo en manos de la delincuencia organizada.

“Les venden la idea de andar en mejores condiciones; en la desesperación de no tener lo que quieren o necesitan, buscan la salida más fácil, pero el periodo de vida es muy corto, no les espera nada bueno. Muchas de las personas que han matado en los últimos días son jóvenes”, lamentó. 

Con casi 57 mil habitantes, que demandan toda clase de servicios, el municipio cuenta con un presupuesto de 45 millones de pesos del Ramo 033, de los cuales once millones están destinados al pago de deuda pública heredada por administraciones pasadas por concepto de bursatilización, alumbrado público y laudos laborales.