Medio ambiente está en peligro: AMCF

Por leyes energéticas aprobadas en el Senado

Alianza Mexicana contra el Fracking exigen a Diputados prohibir la fractura hidráulica

Afirman que se mantiene el despojo de tierras a favor de la explotación de hidrocarburos

Édgar Escamilla

Poza Rica

A través de una videoconferencia, representantes de la Alianza Mexicana Contra el Fracking (AMCF) presentaron su análisis sobre la legislación secundaria de la reforma energética; advirtieron que las propuestas aprobadas por el Senado y que se discuten actualmente en la Cámara de Diputados atentan contra la población y el medio ambiente.

Uno de los temas álgidos abordados por los especialistas Francisco Cravioto, Claudia Campero y Carlos Tornel, fue que en la propuesta de ley se mantiene el despojo de tierras a favor de la explotación de hidrocarburos, por considerarlas como actividades de utilidad pública e interés social.

La Ley de Hidrocarburos establece que la exploración y extracción de estos recursos tendrán prioridad sobre cualquier otro uso del territorio, por lo que dejará en la indefensión a los dueños de los tierras, donde se encuentren yacimientos, pues el Estado podrá obligarlos a rentar sus tierras a las empresas petroleras bajo las figuras conocidas como “servidumbre legal, ocupación y afectación superficial”.

Si se tiene en cuenta que las tasas de declinación de la productividad de los pozos explotados mediante fracking pueden alcanzar entre 81 y 90 por ciento, en solo dos años de operación, las petroleras tendrán que moverse de una zona a otra para perforar nuevos yacimientos; estas figuras son altamente convenientes para las empresas de fracking, puesto que podrán ofrecerles –a los ejidatarios o propietarios de los terrenos- contratos a corto plazo y no la adquisición permanente de las tierras.

“A los pocos años, los propietarios recibirán de regreso sus tierras, pero contaminadas e inservibles para el desarrollo de otras actividades” destacó Francisco Cravioto, investigador de Fundar, Centro de Análisis e Investigación.

Además, la ley de la Industria Eléctrica es un retroceso porque promueve que la fracturación hidráulica, la energía nuclear y las grandes hidroeléctricas sean consideradas “energías limpias”.

En este sentido, comentó que “no es posible que el fracking sea incluido en esta categoría debido a su elevado consumo de agua y energía; las altas emisiones de gases causantes del cambio climático que genera y las enormes cantidades de agua residual que produce”.

Tampoco la energía nuclear se puede considerar una fuente “limpia” porque la peligrosidad de los residuos radiactivos permanece durante  miles de años y su gestión, tratamiento y disposición final son temas sin resolver.

Por otra parte, Claudia Campero de Food & Water Watch y de Blue Planet Project, comentó que “es lamentable que la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos –figura creada con la reforma energética- se convierta en juez y parte en la regulación, sanción, evaluación y autorización ambientales en cualquier acción de la cadena productiva de los hidrocarburos”.

Otro gran riesgo de la legislación secundaria es que la Ley de la Agencia atenta contra el derecho a la participación y al acceso a la información de las comunidades, ya que les excluye del proceso de elaboración de los estudios de impacto social, previos a la entrega de asignaciones y contrataciones y de conocerlos una vez realizados.

Sinaí Guevara, de Greenpeace México, comentó que a pesar de que se excluyó a las Áreas Naturales Protegidas, siguen estando en riesgo de ser dañadas en los procesos de la industria energética, por ejemplo en los planes de transporte de combustibles, construcción de ductos y tendido eléctrico.

De igual forma, Carlos Tornel, del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, comentó que el dictamen aprobado por el Senado pareciera más facilitar el desarrollo de hidrocarburos y no generar una legislación más estricta.