OPINIÓN / Supervisión ciudadana vs corrupción / SALVADOR GUERRERO
Solamente en la capital nacional existen Comisiones Ciudadanas en capacidad simultánea de abordar con autoridades casos de corrupción policial, en Ministerios Públicos, jueces o de abuso sexual perpetrados contra mujeres policías.
Ocurre desde mediados de 2019, gracias a la apertura de la entonces Jefa de Gobierno, al permitir e impulsar una propuesta en la cual existen servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Fiscalía General de Justicia, Secretaría de las Mujeres, Comisión de Derechos Humanos de la CDMX y del Tribunal Superior de Justicia para analizar, en una mesa híbrida de ciudadanía y servidores públicos, casos específicos hechos llegar al Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de CDMX.
La estrategia se complementó un año después con una campaña en las 72 agencias del Ministerio Público para reportar irregularidades, y en 2022 en la colaboración con la Fiscalía General de Justicia y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda para la asesoría a víctimas de la corrupción inmobiliaria.
La corrupción es un problema significativo y persistente a nivel mundial, con impactos graves en la sociedad, contra el Estado de derecho y la confianza en las instituciones.
Las Comisiones permiten —como lo dijo en 2019 la ahora precandidata puntera a la Presidencia de la República— sacar de la clandestinidad esas prácticas para enfrentarlas.
Este modelo integral, que acompaña la disposición de las autoridades para combatir la corrupción, ha permitido atender más de 5 mil reportes de ciudadanos y policías relacionados con situaciones de abuso de autoridad, solicitud de dádivas, faltas administrativas o violencia.
La voluntad de Ernestina Godoy en la FGJ, ahora a cargo de Ulises Lara, y en su momento de Omar García Harfuch, como ahora de Pablo Vázquez en la SSC, han facilitado la estrategia, con apertura e intención de reconocer, investigar y sancionar las conductas irregulares al interior de las corporaciones como en las relaciones entre autoridades y ciudadanía.
Hay interés político por erradicar la corrupción, como el exhibido por el Jefe de Gobierno, Martí Batres, con la iniciativa de reforma al Código Penal de la CDMX para sancionar hasta con 20 años de prisión la corrupción inmobiliaria.
La mayor evidencia disponible indica nuevamente a las mujeres como las principales víctimas de todas las vulnerabilidades del sistema. Pero no solamente ellas. Están los más pobres, los más viejos y las niñas, niños y adolescentes para quienes los instrumentos ciudadanos deben adquirir visibilidad e impacto específico frente a las crisis de la vida.