OPINIÓN / La dignidad del servicio público y la estabilidad laboral como garantía institucional / POR. DRA. MARIA ANTONIETA VERA HERNÁNDEZ
En toda democracia constitucional seria, la estabilidad en el empleo público no es un privilegio, es una garantía institucional. No se trata de proteger personas, sino de proteger funciones; no se trata de inmovilizar estructuras, sino de asegurar profesionalismo, experiencia y continuidad.
El debilitamiento del servicio civil de carrera o su sustitución por esquemas de contratación temporal precaria, no solo genera incertidumbre laboral; erosiona la capacidad técnica del Estado. Cuando el personal es contratado por periodos breves, renovables discrecionalmente, o cuando se exige la firma anticipada de renuncias, no estamos ante una política administrativa moderna, sino ante una regresión en materia de derechos laborales y profesionalización institucional.
La estabilidad laboral en órganos como las Fiscalías, Poderes Judiciales o trabajos en otras Entidades, Dependencias o Instituciones de gobierno, no es un asunto menor. La experiencia acumulada, la antigüedad, la formación constante y el conocimiento técnico son pilares que sostienen la legalidad, la independencia y la continuidad del servicio público.
Sustituirlos por esquemas de rotación acelerada o contratación transitoria debilita la memoria institucional y expone a las instituciones a presiones indebidas.
La dignificación del trabajo implica reconocer que la capacidad no se improvisa, que la experiencia no se sustituye con voluntad política y que la permanencia responsable fortalece al Estado.
Un servicio público profesional exige reglas claras de ingreso, evaluación objetiva del desempeño y garantías mínimas de estabilidad para quienes cumplen con su función de manera honesta y eficiente.
La seguridad laboral no debe entenderse como inamovilidad absoluta o monopolio en el encargo; sino, como estabilidad basada en mérito. Es perfectamente compatible exigir resultados, evaluar desempeño y sancionar incumplimientos, sin justificar solo el tiempo; pues ello, resulta incompatible con un Estado que se proclama constitucional o que llega al absurdo de convertir a la permanencia en una concesión discrecional.
Cuando se normalizan contratos, nombramientos o designaciones de corta duración para funciones permanentes, o se condiciona el acceso al empleo a la firma anticipada de renuncias, se envía un mensaje preocupante, la experiencia deja de ser valor institucional y la permanencia se vuelve provisional. Ello no fortalece la administración pública, la vuelve vulnerable a presiones indebidas y a discrecionalidad estructural.
Los esquemas de contratación temporal reiterada no solo generan incertidumbre laboral, sino que afectan la confianza de los servidores públicos en sus mismas instituciones.
La dependencia de decisiones discrecionales para la continuidad en el encargo puede propiciar relaciones jerárquicas asimétricas y debilitar la objetividad en la evaluación del desempeño.
Al mismo tiempo, la ausencia de estabilidad razonable inhibe el sentido de pertenencia y compromiso profesional; pues, el servidor público percibe que su permanencia no depende exclusivamente de mérito.
Un servicio civil de carrera estructurado reduce la discrecionalidad, fortalece la rendición de cuentas y consolida la eficiencia institucional al alinear estabilidad, profesionalización y resultados.
Apostar por la capacidad, la experiencia y la antigüedad no significa cerrar puertas al relevo generacional; más bien, significa reconocer que la continuidad institucional es un activo democrático de muy alta valía. La profesionalización no es un obstáculo para la transformación, debe ser su condición.
Dignificar el trabajo en el servicio público es reconocer que detrás de cada número de empleado o expediente, cada resolución y cada actuación institucional hay personas formadas, con trayectoria y conocimiento acumulado. Proteger esa trayectoria es proteger al Estado mismo.
Porque sin estabilidad no hay profesionalización, sin profesionalización, no hay independencia; y, sin independencia no hay verdadero Estado de Derecho. No se trata de defender inercias. Se trata de defender capacidades.
México necesita un servicio público moderno, sí; pero también sólido, profesional y técnicamente competente. No puede fortalecerse una institución si se le obliga a reiniciar permanentemente su propia curva de aprendizaje mediante esquemas de temporalidad que impiden alcanzar el nivel óptimo de desempeño; la rotación constante no moderniza, debilita. La capacidad técnica, la experiencia y la antigüedad no son inercias burocráticas, son activos institucionales que garantizan continuidad, eficiencia y legalidad.
Y aventurarse por la estabilidad razonable no es resistirse al cambio, es asegurar que la transformación se construya sobre conocimiento consolidado y no sobre improvisación permanente.
La dignificación del trabajo público exige reglas claras de ingreso, evaluación y permanencia. Exige reconocer que la capacidad se construye con tiempo, formación y trayectoria. Y exige comprender que la estabilidad institucional fortalece la confianza ciudadana.
Reafirmamos que la seguridad laboral razonable, la profesionalización y la meritocracia son compatibles con la rendición de cuentas y la mejora continua. Apostar por la capacidad y la experiencia es apostar por un Estado fuerte.
Porque un servicio público estable no debilita la transformación, la valida y la sostiene.