HISTORIAS DE NEGOCEOS / El trasfondo del petróleo ‘salado’: intereses y falta de pagos / MARIO MALDONADO

Hace una semana, la presidenta Claudia Sheinbaum y el director general de Pemex, Víctor Rodríguez, reconocieron que el crudo mexicano enfrenta un problema de exceso de agua y salinidad. "Es algo que es normal no solo en Pemex, sino en muchísimas petroleras del mundo. Es coyuntural y además hay manera de resolverlo. Hay mecanismos técnicos que permiten quitarle la salinidad y que puedan entrar a cualquier refinería”, dijo tajante la jefa del Ejecutivo federal.

Lo que no se dijo es que esta crisis –que no es tan “normal”– es consecuencia de una disputa legal gestada en medio de la falta de pagos a proveedores y contratistas, y en la que ha participado activamente la Dirección Jurídica de Pemex para alterar la estructura del consorcio encargado de la desalinización y deshidratación del crudo en la Terminal Marítima Dos Bocas.

El conflicto estalló en diciembre de 2024, cuando QMAX, una empresa con funciones meramente administrativas dentro del consorcio emprendió una ofensiva legal contra Química Apollo, líder del servicio desde la firma del Acuerdo Referencial (ACREF).

Tras iniciar litigios civiles y penales, QMAX logró que el subdirector Jurídico Contencioso de Pemex, Rodrigo Loustaunau Martínez, la designara como nueva líder del consorcio. Esta jugada no solo le dio control total sobre el servicio, sino que también les garantizó el acceso a los pagos del ACREF, cuyo valor es de 11 mil millones de pesos.

Y se suma a la incertidumbre que no hay un consenso dentro de la propia petrolera. La Gerencia de Abastecimiento de la Dirección Corporativa de Administración y Servicios advirtió a la Gerencia Jurídica Contenciosa de Pemex, a cargo de Arturo Soto, sobre las inconsistencias en la modificación de los contratos como la ausencia de un convenio modificatorio solicitado por el Administrador del Proyecto y la falta de una póliza de fianza.

Además de la celeridad con la que la decisión fue tomada, se ha puesto en duda si QMAX, que apenas el año pasado logró un acuerdo con acreedores para salir de concurso mercantil, pueda normalizar la calidad del crudo en tiempo récord, a más tardar el 22 de febrero, según la estimación de 10 días hecha por la presidenta en su conferencia del 12 de febrero.

El reto no es menor. Las medidas cautelares impuestas durante el litigio impiden que tanto los químicos como el personal especializado de Química Apollo sean parte de la solución, lo que ha dejado más de mil toneladas de producto varadas a pocos kilómetros de la Terminal Marítima Dos Bocas.

Esta crisis no solo amenaza con corroer la infraestructura del Sistema Nacional de Refinación, indispensable para lograr la meta de soberanía energética plasmada desde el sexenio pasado, sino que también repercute en las de por sí comprometidas finanzas de la empresa, que acumula una deuda financiera equivalente a 5.6% del PIB del país estimado para 2024 en los Criterios Generales de Política Económica 2024, según cálculos del Instituto Mexicano para la Competitividad.

La ironía es que la propia Pemex reconoce el riesgo. Un dictamen técnico incluido en el oficio de sustitución de liderazgo del consorcio Química Apollo-IMP-QMAX advierte que el tratamiento del crudo es imprescindible desde 2004 y que su ausencia pone en peligro la infraestructura mecánica de Pemex Exploración y Producción, Pemex Logística y Pemex Transformación Industrial.

Asimismo, advierte que la falta de este proceso obliga a ofrecer descuentos en el precio del crudo en los mercados internacionales.

Muchas preguntas al respecto. ¿Al nuevo director de Pemex lo “chamaquearon” con el tema y le están haciendo pasar un ridículo internacional, o es parte del acuerdo?; ¿a la presidenta Sheinbaum le están diciendo la verdad?; ¿cuál es la responsabilidad de la secretaria de Energía, Luz Elena González en la supervisión y revisión de este negocio de Pemex?; ¿quién está detrás de la inexperta empresa QMAX?